Ciudad de México.
El presidente Donald Trump anunció el 28 de agosto un acuerdo mediante el cual Estados Unidos obtiene una posición dominante sobre el desarrollo de 17 campos petroleros venezolanos que concentran alrededor de 65,000 millones de barriles de reservas probadas, cerca de una quinta parte de las reservas totales de Venezuela, que ascienden a aproximadamente 303,000 millones de barriles, las mayores del mundo. El acuerdo contempla una inversión proyectada cercana a 100,000 millones de dólares y busca elevar la producción venezolana hasta alrededor de 1.5 millones de barriles diarios, de acuerdo con estimaciones difundidas por el gobierno estadounidense y reportadas por Reuters y AP.
La estructura del acuerdo
Reuters describe un esquema de tres niveles: un acuerdo gobierno-gobierno, una estructura empresarial operativa entre North American Blue Energy Partners (NABEP) y PDVSA, y una participación estadounidense directa dentro de NABEP, con derechos sobre una parte de la producción. Según esa misma agencia, Washington obtendría una participación de 35% en NABEP —potencialmente mediante instrumentos conocidos como penny warrants— además de derechos para adquirir cerca de 20% de la producción a costo. La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, señaló que el proyecto tendrá una vigencia de 25 años.
El desplazamiento de China y Rusia
Durante años, Venezuela utilizó a China y Rusia como contrapeso frente a Estados Unidos, con empresas de ambos países ocupando posiciones relevantes en el sector energético venezolano. De acuerdo con Reuters, NABEP asumirá proyectos previamente operados o vinculados con compañías chinas y rusas, entre ellas Sinopec, CNPC y China Concord Resources, lo que representa una reconfiguración de la presencia estratégica de esas dos potencias en el principal reservorio energético de América Latina.
Los riesgos identificados
El acuerdo enfrenta múltiples riesgos según los reportes consultados: jurídicos, por la compatibilidad del esquema con el marco constitucional venezolano, que históricamente ha restringido la participación extranjera en el sector petrolero; políticos, ante un eventual cambio de gobierno en Venezuela; de infraestructura, dado el deterioro acumulado de la planta petrolera del país; y financieros, ya que Reuters Breakingviews estima que algunos de los nuevos proyectos podrían tener costos de extracción cercanos a 80 dólares por barril, lo que genera dudas sobre su rentabilidad bajo ciertos escenarios de precios. El Financial Times reporta además controversias en torno a Alejandro Betancourt, propietario de NABEP, y dudas sobre la estabilidad jurídica de concesiones a 25 años.
El ritmo real de implementación
De acuerdo con el Wall Street Journal, NABEP planea desplegar más de 50 plataformas de perforación en los próximos años, comenzando con seis hacia finales de 2026. Esto sugiere que el objetivo de 1.5 millones de barriles diarios es una meta de mediano a largo plazo, no un resultado inmediato, y que un eventual efecto sobre los precios internacionales de combustibles tomará tiempo en materializarse.
Las Claves de ENCLAVE
Una jugada geopolítica más que una simple compra de crudo
El acuerdo debe leerse más allá del mercado petrolero: Washington no solo busca asegurar suministro de crudo pesado venezolano —particularmente útil para refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos—, sino participar directamente en la estructura que determina cómo se produce, financia y comercializa ese petróleo. La combinación de capital, participación accionaria, derechos de producción y desplazamiento de actores chinos y rusos apunta a una estrategia de seguridad energética hemisférica, en un contexto de tensiones en Medio Oriente y riesgo asociado a rutas marítimas críticas como el estrecho de Ormuz.
Lo que representa para el resto de América Latina
El movimiento puede generar un efecto de demostración en la región: otros países latinoamericanos con cadenas energéticas o de minerales críticos vinculadas a inversión china podrían replantearse el balance de sus alianzas estratégicas entre Washington y Pekín, en un contexto donde Estados Unidos parece priorizar activamente la construcción de una arquitectura económica hemisférica menos dependiente de China y Rusia.
Lo que implica para México: ¿ganancia o pérdida relativa?
Para México, que ya es un socio central de Estados Unidos en manufactura, sector automotriz, semiconductores, nearshoring y energía bajo el marco del T-MEC, el acuerdo tiene una doble lectura. Por un lado, una mayor diversificación del suministro energético estadounidense gracias a Venezuela podría traducirse en mayor estabilidad energética regional, lo que en términos generales beneficia a las cadenas productivas norteamericanas de las que México forma parte. Por otro lado, si Venezuela recupera producción de forma acelerada, México podría perder peso relativo como proveedor energético estratégico para Estados Unidos dentro de la región.
La oportunidad menos obvia: México como puente manufacturero y logístico
Existe una lectura adicional relevante para el sector empresarial mexicano: la reconstrucción de la cadena petrolera venezolana —desde pozo hasta refinería— generará demanda de servicios petroleros, perforación, ingeniería, tuberías, válvulas, equipos de compresión, materiales de construcción industrial, servicios financieros especializados en riesgo político y soluciones tecnológicas de automatización y ciberseguridad industrial. Empresas mexicanas de estos sectores, con experiencia previa en la industria de hidrocarburos y cercanía logística con el Caribe, podrían posicionarse como proveedoras dentro de esta nueva cadena de suministro, aunque el mercado calificaría esta oportunidad como de alto riesgo geopolítico más que como una inversión convencional.
Visión En-Clave
Los propios reportes periodísticos consultados advierten que 65,000 millones de barriles de reservas probadas no equivalen a 65,000 millones de barriles económicamente explotables de inmediato: el valor real depende de costos de extracción, calidad del crudo, infraestructura disponible, régimen fiscal y estabilidad jurídica, variables que el mercado deberá valorar con métricas como valor presente neto, CAPEX, OPEX y riesgo país, más que con una simple multiplicación de barriles por precio del Brent.
El acuerdo entre Washington y Caracas es, ante todo, una pieza de la política de seguridad económica de Estados Unidos en América Latina, más que una transacción petrolera aislada. Para México, el riesgo es perder relevancia relativa como socio energético si Venezuela logra reconstruir su producción con rapidez; la oportunidad está en posicionar a sus empresas de servicios petroleros, construcción industrial, finanzas especializadas y tecnología como proveedoras de una reconstrucción que, de concretarse, podría movilizar hasta 100,000 millones de dólares en los próximos años. La pregunta que el mercado deberá responder en los próximos meses es si se trata de una genuina reconstrucción del sector petrolero venezolano o de una nueva arquitectura de control energético estadounidense sobre el país.
