Ciudad de México.
A 12 meses del inicio de la nueva etapa del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, encabezó la conmemoración «Un año de justicia real y verdadera», acompañado de los titulares del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano; del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, y del Tribunal Electoral (TEPJF), Gilberto Bátiz García.
El balance oficial de la Corte
Aguilar Ortiz informó que durante el primer año ingresaron 15,051 expedientes a la SCJN, de los cuales se resolvieron 13,231, es decir 88% del total recibido. Destacó la modernización de procesos internos mediante expedientes electrónicos, firma digital y mecanismos de asignación aleatoria de asuntos, además de la apertura de casas de asesoría jurídica intercultural, visitadurías regionales y espacios de diálogo con sectores empresariales, académicos y organizaciones sociales. Señaló que solo en la Suprema Corte se recibieron 10,000 solicitudes de atención ciudadana, y que las medidas de austeridad implementadas por los órganos del Poder Judicial generaron ahorros superiores a 4,700 millones de pesos. Al evento asistieron, entre otros funcionarios, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; la fiscal general Ernestina Godoy, y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
El reconocimiento de fallas por parte de la Presidencia
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente fallas en el diseño original del mecanismo de elección de jueces y magistrados, aunque —de acuerdo con especialistas y representantes del sector empresarial— ese reconocimiento no ha disipado las dudas sobre la calidad de las decisiones judiciales emitidas por la nueva integración del Poder Judicial.
Las advertencias de Norma Piña
La exministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, participó el 31 de agosto en el foro «Constitución, empresa y patrimonio» de la Escuela Libre de Derecho, donde alertó sobre riesgos concretos de la reforma judicial para el Estado de derecho, las inversiones y el patrimonio de los mexicanos. Citó como ejemplo la facultad reconocida a la nueva Corte para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspenda de forma inmediata la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI) a empresas investigadas por posibles facturas falsas, lo que —advirtió— puede llevar a que una empresa deje de operar antes de que concluya el juicio que determine su responsabilidad. Piña también señaló como pendiente crítico el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en México, catálogo que en cambio se amplió para incluir delitos fiscales, contrabando y emisión de facturas falsas, con medidas que —dijo— alcanzan no solo a la persona investigada sino al congelamiento de cuentas de sus familiares. La exministra calificó como «primer síntoma» de un diseño deficiente el hecho de que la reforma haya tenido que corregirse antes de cumplir un año de vigencia.
El llamado de más de 150 organizaciones
Desde abril de 2026, más de 150 organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales —entre ellas COPARMEX, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia y Juicio Justo, además del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila y de La Laguna— firmaron un pronunciamiento conjunto para solicitar que la segunda elección judicial, programada para 2027 y en la que se elegirían 759 cargos federales y cerca de 3,310 estatales, se posponga a 2028. El documento identifica cinco coincidencias centrales: evitar que la elección judicial coincida con comicios partidistas; elevar los filtros técnicos para las candidaturas mediante certificaciones y exámenes; mejorar el diseño operativo del proceso electoral; unificar en un solo comité —en lugar de tres— la evaluación de candidaturas para homologar criterios; y dar tiempo suficiente para corregir el modelo antes de su siguiente implementación.
El riesgo económico detrás del debate jurídico
Para el sector empresarial, el señalamiento de Piña sobre la facultad del SAT para suspender la emisión de facturas de una empresa investigada —antes de que exista una resolución judicial firme— representa un riesgo operativo directo: una compañía puede perder la capacidad de facturar y, con ello, de operar con clientes y proveedores, mientras su caso se resuelve en tribunales, un proceso que en México puede tomar años. Para inversionistas que evalúan la seguridad jurídica de un mercado, este tipo de facultades discrecionales —ejercidas antes de una sentencia definitiva— pesan tanto como cualquier indicador macroeconómico a la hora de decidir dónde colocar capital.
La ampliación de la prisión preventiva oficiosa y su efecto en el gobierno corporativo
La ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa para incluir delitos fiscales y de facturación tiene una implicación directa para directivos y administradores de empresas: expone a las personas físicas responsables de decisiones fiscales corporativas —y, según lo señalado por Piña, potencialmente a sus familias mediante el congelamiento de cuentas— a medidas cautelares automáticas sin que exista aún una determinación de culpabilidad, lo que puede desincentivar la toma de decisiones de inversión o expansión en México por parte de directivos que valoran la previsibilidad del sistema judicial.
Las Claves de Enclave
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento de abril de 2026 fueron explícitas en aclarar que no buscan revertir el modelo de elección popular de jueces, sino perfeccionar su diseño antes de la siguiente implementación, mientras que el ministro presidente Aguilar Ortiz ha insistido en que «quien nos eligió tiene derecho a vigilarnos todos los días», un principio de rendición de cuentas que ambas partes del debate reivindican, aunque con conclusiones distintas sobre qué tan avanzado está ese proceso de perfeccionamiento institucional.
El primer año de la reforma judicial deja un balance dual: cifras operativas que la Corte presenta como evidencia de avance, y un conjunto creciente de voces —desde una exministra hasta cámaras empresariales y organizaciones de derechos humanos— que advierten sobre riesgos concretos para la seguridad jurídica, la inversión y el patrimonio de empresas y ciudadanos.
