Ciudad de México.
El paro de labores iniciado el 6 de noviembre por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) colocó nuevamente bajo presión la transformación del sistema judicial mexicano. Aunque la movilización respondió a inconformidades sobre el nuevo esquema de evaluación del desempeño, el conflicto también puso de manifiesto un problema de mayor alcance: la necesidad de preservar la estabilidad institucional, los derechos laborales y la certidumbre jurídica en un momento de profunda reconfiguración del Poder Judicial.
La inconformidad se extendió a por lo menos 40 sedes de distintos estados, entre ellos Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, Puebla y Estado de México. Desde las primeras horas del viernes 6 de noviembre, trabajadores sindicalizados se manifestaron contra el acuerdo AG-POAJ-025/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre, que establece el proceso de evaluación del personal de carrera judicial.
El principal punto de tensión fue la interpretación de sus posibles consecuencias laborales. Los trabajadores señalaron que el mecanismo podía derivar en sanciones y afectar la permanencia de quienes ocupan plazas de base, particularmente si obtenían resultados desfavorables. En consecuencia, la evaluación dejó de percibirse únicamente como un instrumento para medir el desempeño y se convirtió en un factor de incertidumbre sobre la estabilidad en el empleo.
Acuerdo con Hugo Aguilar elimina el componente sancionatorio
Tras el diálogo entre las representaciones sindicales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), se alcanzó un acuerdo con la participación institucional del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz para modificar el esquema de evaluación.
Entre los compromisos destaca establecer de manera expresa que las evaluaciones tendrán como propósito fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de la impartición de justicia, sin efectos sancionatorios ni consecuencias de separación del cargo. Asimismo, se eliminarán las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y se revisarán los porcentajes de los componentes que pudieran incorporar criterios subjetivos.
Además, las instituciones acordaron instalar mesas de trabajo permanentes para atender las preocupaciones de la base trabajadora. Las modificaciones sustantivas deberán publicarse en el DOF, mientras que el comunicado conjunto informó que todos los órganos jurisdiccionales reanudarían sus actividades con normalidad el lunes 9 de noviembre.
El entendimiento representa un avance para contener el conflicto inmediato. Sin embargo, su efectividad dependerá de que los cambios se formalicen, se apliquen con transparencia y garanticen criterios objetivos, verificables y compatibles con los derechos laborales.
Estabilidad judicial: una variable para la democracia y la inversión
Más allá del impacto operativo del paro, el episodio tiene implicaciones políticas y económicas. Un Poder Judicial estable, profesional e independiente constituye una pieza fundamental del Estado de derecho, porque ofrece mecanismos para resolver controversias, proteger derechos y garantizar que las reglas se apliquen con imparcialidad.
Para el capital inversionista, esa estabilidad no es un elemento accesorio. Las empresas evalúan no solamente la seguridad pública, la infraestructura, la disponibilidad de talento o la carga fiscal de un país; también consideran la capacidad de sus instituciones para ofrecer certeza contractual, resolver disputas comerciales y proteger la propiedad y las inversiones.
Por ello, cualquier escenario de confrontación interna, incertidumbre sobre la permanencia del personal o interrupción prolongada de los servicios judiciales puede elevar la percepción de riesgo institucional. Esto no significa que el paro haya provocado por sí mismo una salida de capitales, pero sí que estos episodios forman parte de las variables que los inversionistas observan al valorar un entorno de negocios.
En México, la reforma constitucional de septiembre de 2024 y la posterior reestructuración del Poder Judicial modificaron profundamente el funcionamiento de esta institución. En ese contexto, el desafío consiste en demostrar que la transformación puede avanzar sin debilitar la profesionalización, la continuidad operativa ni la independencia judicial.
El acuerdo alcanzado evita, por ahora, que el conflicto laboral escale y permite restablecer la actividad jurisdiccional. No obstante, la verdadera prueba será convertir el diálogo en reglas claras y resultados institucionales. Para la democracia ciudadana y para la confianza del capital, México necesita un Poder Judicial que funcione con estabilidad, autonomía y certeza jurídica.
