Ciudad De México.
Los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027 plantean una consolidación fiscal más agresiva para el próximo año, con menor déficit, un superávit primario y una reducción del gasto público; sin embargo, detrás de la narrativa de estabilidad existe una realidad que merece mayor escrutinio: la deuda pública no disminuirá y los ingresos petroleros perderán todavía más peso dentro de las finanzas nacionales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el Producto Interno Bruto crecerá entre 1.9% y 2.9% en 2027, mientras la inflación cerraría en 3.0%, el tipo de cambio en 18.60 pesos por dólar y la tasa de Cetes a 28 días en 5.5%. Para Estados Unidos, principal mercado de México, proyecta un crecimiento de apenas 2.0%.
El escenario es moderadamente optimista, aunque no particularmente expansivo. México llegaría a 2027 después de un 2025 en el que el PIB apenas avanzó 0.6%, con una industria que cayó 1.3%, una inversión privada afectada por la incertidumbre comercial y una inversión en maquinaria y equipo que disminuyó 8.1%.
El ajuste fiscal viene por el gasto
Hacienda proyecta ingresos presupuestarios por 8.83 billones de pesos en 2027, 110.8 mil millones más que lo previsto en la LIF 2026. Pero la composición cambia significativamente: los ingresos petroleros caerían 293.4 mil millones de pesos, mientras los no petroleros aumentarían 404.3 mil millones. De éstos, los ingresos tributarios aportarían 347.7 mil millones adicionales.
Aquí aparece uno de los principales focos amarillos.
El Estado pretende compensar la menor renta petrolera mediante mayor recaudación tributaria, manteniéndola en 15.6% del PIB. Es decir, la sostenibilidad fiscal depende cada vez más de la capacidad de cobrar impuestos y de que la economía efectivamente genere la actividad necesaria para sostener esa recaudación.
Al mismo tiempo, el gasto neto presupuestario se reduciría 4.1% real, mientras el gasto programable pagado disminuiría 6.8% real, equivalente a 259.5 mil millones de pesos menos frente a lo aprobado para 2026.
Menor déficit, pero mayor deuda
La meta fiscal es clara: reducir el déficit presupuestario a 3.0% del PIB y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 3.5%, frente al 4.1% estimado para 2026.
Además, Hacienda prevé un superávit primario de 1.1% del PIB, una señal positiva porque significa que, antes del costo financiero de la deuda, el sector público tendría un balance favorable.
Pero existe una paradoja: el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) pasaría de 54.7% del PIB en 2026 a 55.0% en 2027, alcanzando 21.85 billones de pesos.
La consolidación fiscal, por tanto, no significa reducción nominal de la deuda, sino una búsqueda de estabilización como proporción del PIB.
El petróleo vuelve a ser el talón de Aquiles
El supuesto petrolero también merece atención. Hacienda utiliza para 2027 un precio promedio de la mezcla mexicana de 54.7 dólares por barril, con una producción de crudo de 1.806 millones de barriles diarios y exportaciones de apenas 427.6 mil barriles diarios.
El propio documento reconoce la sensibilidad: una variación de 100 mil barriles diarios en la plataforma petrolera modificaría los ingresos petroleros en aproximadamente 45 mil millones de pesos, mientras que un dólar adicional en el precio promedio del crudo aportaría 9.6 mil millones.
Esto coloca a Pemex nuevamente en el centro de la ecuación fiscal. Menor producción y menor precio implican menos ingresos, justo cuando el Gobierno necesita recursos para financiar gasto social, infraestructura y obligaciones financieras.
El verdadero reto es crecer
El documento presenta una estrategia fiscal prudente, pero su principal riesgo no está únicamente en el déficit: está en la posibilidad de intentar consolidar las finanzas públicas sobre una economía que todavía necesita acelerar su inversión y productividad.
La propia SHCP reconoce que la inversión fue el componente más sensible a la incertidumbre y que las empresas postergaron proyectos ante la falta de claridad en la relación comercial con Estados Unidos.
Por ello, el desafío de 2027 será encontrar el equilibrio entre disciplina fiscal y crecimiento.
Recortar gasto improductivo puede ser positivo. Pero si la reducción del gasto programable termina afectando infraestructura, capital humano, seguridad, energía o capacidad productiva, el ahorro de corto plazo puede convertirse en un costo económico de largo plazo.
Para las empresas, inversionistas y gobiernos estatales, la variable decisiva será otra: que el crecimiento se acerque al techo del rango proyectado y no al piso.
Cada punto porcentual adicional de crecimiento generaría, según la propia SHCP, alrededor de 65.7 mil millones de pesos adicionales en ingresos tributarios.
La conclusión es contundente: los Pre-Criterios 2027 muestran una Hacienda que busca ordenar las cuentas, pero todavía no resuelven el problema estructural de fondo: cómo elevar el crecimiento potencial de México mientras se reduce la dependencia petrolera y se contiene el endeudamiento.
El Paquete Económico 2027 tendrá que demostrar si esta consolidación será un ajuste fiscal que preserve la capacidad productiva del país o simplemente una reducción del gasto para ganar margen financiero en el corto plazo.
