Ciudad de México
En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, anunció lo que ya se venía anticipando en círculos sindicales: México iniciará una transición gradual hacia la semana laboral de 40 horas, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El proceso iniciará este mismo año, con miras a concretarse en enero de 2030.
Una imposición con forma de diálogo
Aunque desde la STPS se asegura que se tratará de un proceso de diálogo y construcción colectiva —a través de foros regionales del 2 de junio al 7 de julio con trabajadores, empresarios y académicos—, la experiencia reciente del país muestra un patrón preocupante: las iniciativas del Ejecutivo no se modifican en el Congreso, donde el oficialismo goza de una mayoría que aprueba todo sin mover una coma. Así fue con las reformas del expresidente López Obrador, y todo indica que seguirá siendo igual bajo la administración Sheinbaum.
Como ya ocurrió con la reforma judicial —donde ministros, expertos y barras de abogados participaron en foros sin que sus opiniones fueran tomadas en cuenta—, el sector empresarial parece condenado a representar el mismo papel simbólico.
“Escucharemos a las patronas y a los patrones”, declaró el secretario Marath Bolaños. Pero la pregunta es: ¿para qué escucharlos si ya está tomada la decisión?
Impacto para el sector empresarial: más carga, más incertidumbre
Esta medida tendrá efectos directos y costosos para el sector productivo. A simple vista, parecería un beneficio social —menos horas, misma productividad—, pero la realidad operativa de las empresas mexicanas, especialmente las pequeñas y medianas, es otra.
Reducir la jornada sin modificar los procesos productivos obligará a:
- Contratar personal adicional, para cubrir las horas que ya no se laborarán.
- Reestructurar turnos, logística y calendarios.
- Asumir costos extras en seguridad social, capacitación y cumplimiento normativo.
Todo esto, en un entorno donde la inflación laboral, la falta de mano de obra calificada y la competencia internacional, ya representan desafíos diarios.
Aún más grave es el silencio de las cámaras empresariales. Mientras desde el gobierno se venden avances históricos y compromisos con “el pueblo”, nadie en el sector privado levanta la voz para cuestionar la viabilidad económica y jurídica de esta reforma. ¿Hasta cuándo aguantará el tejido empresarial del país?
La narrativa del «pueblo» contra el mercado
El discurso gubernamental intenta justificar la reducción con base en estudios que, según afirman, prueban que menos horas no afectan la productividad. Pero esto no se aplica por igual a todos los sectores. La manufactura, la logística, el comercio, los servicios de salud y otros rubros dependen de modelos intensivos en tiempo-hombre.
Además, en un país con informalidad laboral cercana al 55%, los beneficios de esta medida alcanzarán sólo a una parte limitada de la fuerza laboral. Mientras tanto, las empresas formales cargarán con el ajuste operativo y financiero.
Un contexto económico adverso
La implementación de esta medida se da en un momento poco propicio para el país:
- La CEPAL redujo esta semana su expectativa de crecimiento para México a 1.0% para 2025.
- El PIB mexicano apenas creció 0.2% en el primer trimestre del año, muy por debajo del dinamismo requerido.
- La deuda pública continúa creciendo, y ya se proyecta que alcanzará los 20 billones de pesos para el final del sexenio, según el diputado Rubén Moreira.
Además, las nuevas restricciones arancelarias de Estados Unidos y el endurecimiento de reglas de origen automotriz afectan directamente a empresas mexicanas integradas a cadenas de valor norteamericanas.
En este escenario de ralentización económica, incertidumbre legal y presión fiscal, una reforma de este calibre no parece tener sustento técnico ni consenso real.
¿Un cambio histórico o una carga histórica?
Reducir la jornada laboral es, sin duda, un ideal de justicia social. Pero no puede imponerse como una consigna ideológica sin considerar las capacidades del aparato productivo nacional.
México necesita equilibrio. Necesita diálogo real, no escenificado. Necesita construir bienestar de forma sostenible. Y eso requiere tomar en serio la voz de quienes crean empleo, invierten y sostienen la economía todos los días: los empresarios.
El gobierno tiene un plan. La pregunta es si el país tiene los medios y la estructura para ejecutarlo sin romper su frágil equilibrio económico. Porque cuando se ignora al sector productivo, no hay reforma que aguante.
