Ciudad de México
La llamada “primavera laboral” —una serie de reformas que incluye la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales, mayores vacaciones, licencias extendidas y otros beneficios— podría tener consecuencias contraproducentes para la economía mexicana. Si bien el enfoque social y progresista de estas modificaciones es bien intencionado, analistas y líderes empresariales advierten que la implementación indiscriminada está llevando a miles de empresas formales al límite operativo y financiero, en particular a las micro, pequeñas y medianas (MiPyME).
“En términos ideológicos es un camino correcto, pero en la operación castiga a quien cumple la ley”, resumió un representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco),
⚖️Un golpe silencioso al corazón de la formalidad
El impacto estimado por la reducción de la jornada laboral asciende a 65,793 pesos por trabajador al año para una microempresa. Traducido a contexto real: en muchos casos, esa cifra es la diferencia entre mantenerse abierto o cerrar.
La reforma, que se busca implementar de manera progresiva hacia 2030, no incluye reducción salarial, lo que genera cargas laborales y fiscales adicionales sin mecanismos de compensación claros, especialmente en sectores sensibles como comercio, servicios y manufactura ligera.
El dato crudo: las empresas no están listas
De acuerdo con una encuesta de Concanaco aplicada a 1,200 empresas de todo el país:
- 67.2% rechaza la reducción de jornada sin baja salarial.
- 58.85% anticipa dificultad para cubrir turnos o mantener nivel de servicio.
- 71% proyecta incremento en costos operativos.
- 64% declara no tener capacidad para implementar la reforma.
“El informal no tiene repercusión. Estas reformas se convierten en el mayor incentivo para mantenerse fuera del marco legal”, advirtió uno de los participantes.
El problema: se legisla sin escuchar al sector productivo
Desde la perspectiva empresarial, el fondo de la reforma —más derechos para los trabajadores— no está en debate. Lo que genera tensión es la forma unilateral en que se construye esta nueva legislación, sin espacio real para la participación del sector privado.
Por ello, los organismos empresariales han propuesto:
- Deducción total de la nómina.
- Incentivos fiscales y tecnológicos para la formalización.
- Aplicación gradual diferenciada por tipo de empresa, sector y región.
- Creación de un observatorio nacional laboral para monitorear impactos reales.
Coahuila, modelo de formalidad y colaboración público-privada
Durante la reciente mesa de trabajo, el estado de Coahuila fue destacado como ejemplo nacional en materia laboral, con uno de los índices más altos de formalidad y productividad del país. La mano de obra calificada, la estabilidad laboral y el entorno de colaboración entre autoridades, empresarios y sindicatos, lo han convertido en un destino estratégico para la inversión.
“La clave es el trabajo conjunto. Sin coordinación y entendimiento entre sectores, las reformas corren el riesgo de fracasar en su ejecución”, enfatizó uno de los líderes empresariales coahuilenses presentes.
¿Hacia una cruzada por la competitividad?
Con más del 99% de las unidades económicas en México clasificadas como MiPyME, que aportan cerca del 66% del PIB y el 70% del empleo formal, imponer cargas sin estrategia puede erosionar seriamente la base productiva del país. El consenso entre empresarios es claro: se necesita una cruzada nacional por la competitividad, donde el gobierno, el sector privado y los trabajadores construyan reglas realistas y sostenibles.
📌 Viabilidad empresarial:
Las reformas laborales deben equilibrar el bienestar social con la viabilidad empresarial. En una economía como la mexicana, una mala implementación puede desincentivar la formalidad, debilitar la productividad y obstaculizar la atracción de inversiones.
Sin diálogo real y sin medidas compensatorias, la “primavera laboral” podría marchitarse antes de florecer.
Con información de EFE
