Ciudad de México.
La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha generado una fuerte polémica en los círculos legislativos, empresariales y sociales. En el centro del debate está la reconfiguración de un sistema que, hasta ahora, ha administrado los ahorros de los trabajadores para financiar su acceso a la vivienda.
¿Una reforma necesaria o un asalto a los ahorros de los trabajadores?
El argumento del gobierno es claro: garantizar transparencia, combatir la corrupción y asegurar vivienda digna para los trabajadores. La creación de una constructora propia del Infonavit busca resolver la falta de acceso a vivienda económica y solventar los problemas derivados de prácticas corruptas en administraciones pasadas. Según Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, “esta reforma permitirá otorgar créditos más accesibles, construir viviendas de interés social y fomentar el arrendamiento social”.
Sin embargo, legisladores de oposición y analistas financieros no están convencidos. El diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, advirtió que esta reforma pone en riesgo los ahorros de los trabajadores, permitiendo al gobierno utilizar esos recursos para proyectos de vivienda que no cuentan con la experiencia técnica necesaria. “El Infonavit pasará de ser un intermediario financiero a un constructor directo, lo que genera múltiples cuestionamientos sobre la legitimidad y eficiencia del nuevo modelo”, señaló.
Control gubernamental: ¿Un paso hacia la transparencia o el debilitamiento de los contrapesos?
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la homologación de los órganos de gobierno del Infonavit con los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto implica que el director general será nombrado por el Ejecutivo y que la mayoría de los integrantes en los comités clave serán representantes gubernamentales. Ricardo Anaya, senador del PAN, expresó que esta medida reduce la representación de los empresarios y trabajadores en los órganos de vigilancia, dejando al gobierno el control casi total sobre los recursos.
“El dinero que antes estaba destinado exclusivamente a créditos hipotecarios ahora podría ser usado para comprar terrenos y construir viviendas. Esto elimina controles de vigilancia y abre la puerta a posibles desviaciones de recursos”, denunció Anaya.
Reacciones desde el Congreso: ¿Tregua o estrategia política?
La mayoría morenista en el Congreso tiene el poder para aprobar la reforma, pero la reciente decisión de “pausar” su discusión, según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, indica cierta sensibilidad hacia las críticas de sectores empresariales y sindicales. Monreal aseguró que “se abrirá un diálogo con todos los sectores interesados para construir una ley que derrote la corrupción y favorezca a los derechohabientes”.
Sin embargo, esta pausa no ha disipado las preocupaciones. Las cámaras empresariales como Coparmex y Canacintra, así como el Consejo Coordinador Empresarial, han guardado un silencio que levanta sospechas. ¿Podrían algunos empresarios beneficiarse con contratos para construir las viviendas del Infonavit?
¿Un cambio transformador o un retroceso en el manejo de recursos?
La propuesta de crear una constructora propia del Infonavit busca abordar problemas históricos, como la falta de vivienda social y las prácticas corruptas que perjudicaron a miles de derechohabientes. Pero las críticas señalan que este enfoque centraliza aún más los recursos de los trabajadores bajo el control gubernamental, desdibujando la línea entre el Estado y los ahorros privados.
Además, la eliminación de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en favor de la Secretaría de Hacienda, ha generado inquietud. Si bien la SHCP tiene capacidades técnicas, su cercanía al Ejecutivo plantea dudas sobre su independencia en la vigilancia de los recursos.
Un futuro incierto para los trabajadores
A pesar de los argumentos del gobierno, los riesgos de la reforma son evidentes. ¿Cómo garantizar que los ahorros de los trabajadores generen rendimientos adecuados si son invertidos en proyectos de vivienda? ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar que estos recursos sean desviados hacia intereses políticos o económicos?
La reforma al Infonavit no solo redefine el papel del instituto, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el manejo de los recursos de los trabajadores. En un país donde las prácticas corruptas han sido un lastre histórico, la confianza de los derechohabientes está en juego.
¿Será esta reforma un paso hacia la justicia social o un retroceso que vulnera los derechos de los trabajadores? Solo el tiempo dirá si los ahorros de millones de mexicanos estarán verdaderamente seguros bajo este nuevo modelo.
