Ciudad de México.
El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, el más grande del mundo con activos por más de 1.8 billones de dólares, ha decidido retirar por completo sus inversiones en Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a “múltiples acusaciones o sospechas de corrupción” detectadas en la empresa paraestatal. Se trata de una decisión sin precedentes en el ámbito de las inversiones institucionales globales y representa un duro golpe a la credibilidad del Gobierno de México y a su política energética y anticorrupción.
El retiro de capital no es menor: el fondo vendió todas sus posiciones de renta fija en Pemex, equivalentes a 1,443 millones de coronas noruegas (aproximadamente 2,692 millones de pesos mexicanos). La medida fue anunciada oficialmente a través de un comunicado emitido por el Consejo de Ética del fondo noruego, que concluyó que Pemex podría estar involucrada en actos de corrupción desde al menos 2004 hasta 2023, involucrando a empleados y ex altos ejecutivos en presuntos esquemas de sobornos.
“Las investigaciones han revelado que Pemex puede estar vinculada a múltiples acusaciones o sospechas de corrupción”, señaló el Consejo de Ética.
Un escándalo global y una reacción local insuficiente
Esta decisión envía una señal inequívoca a los mercados internacionales: la mayor petrolera de América Latina, propiedad del Estado mexicano, ha perdido la confianza de uno de los actores más influyentes del ecosistema financiero global, un fondo que opera con estrictos criterios de inversión responsable (ESG), bajo el escrutinio del Parlamento de Noruega.
Lo más preocupante no es solo la salida del capital, sino la reacción del gobierno mexicano ante el hecho. La presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa este lunes 12 de mayo, declaró que su administración “no ha recibido ninguna comunicación oficial” sobre el retiro de inversiones del fondo noruego. “Vamos a preguntar a qué se refieren exactamente, de qué se trata esta medida”, dijo, comprometiéndose a solicitar información a Pemex y otras instancias.
Pero la incertidumbre y la falta de claridad no son una opción cuando se trata del capital internacional y la reputación de una empresa pública. Si la presidenta de la República no estaba informada de una decisión tan grave, ¿quién está al mando? ¿Quién defiende la imagen financiera de México ante el mundo?
El colapso de la promesa anticorrupción
Uno de los pilares discursivos de la llamada “Cuarta Transformación” ha sido la eliminación de la corrupción, y durante años se ha insistido en que el gobierno del presidente López Obrador —y ahora el de su sucesora— está marcando una diferencia frente al pasado. Pero esta decisión del fondo noruego es un testimonio contundente de que esa promesa ha fracasado, al menos en lo que respecta a Pemex.
Pemex, que arrastra una deuda financiera superior a los 105,000 millones de dólares, ha sido constantemente degradada en su calificación crediticia por agencias como Moody’s y Fitch, quienes han manifestado dudas serias sobre su viabilidad sin ayuda directa del gobierno federal. Ahora, la desconfianza no solo viene de analistas financieros, sino de uno de los inversionistas institucionales más respetados y conservadores del mundo.
Una señal de alarma… ¿la primera de muchas?
Expertos y analistas de inversiones y mercados, consideran que esta decisión fue la correcta por parte del fondo noruego. Ningún administrador responsable puede justificar mantener recursos expuestos en una entidad señalada por corrupción estructural y sin señales claras de cambio o transparencia. Pero también es una señal de alarma para el resto de los inversionistas internacionales. Si Noruega se va hoy, ¿quién será el siguiente mañana?
Más que un hecho aislado, esta salida podría marcar el inicio de una serie de retiros de capital en organismos públicos mexicanos con problemas de gobernanza, opacidad y corrupción. El caso Pemex ya es simbólico: se ha vuelto un lastre reputacional, financiero y político.
La credibilidad está en juego
Lo sucedido con el fondo noruego no es solo un golpe para Pemex. Es un golpe a la narrativa oficial del Gobierno mexicano, a su promesa de regeneración moral, y a su capacidad de cuidar los intereses del país en los mercados globales. Lo mínimo que se espera de un gobierno es que anticipe este tipo de movimientos y actúe en consecuencia. Aquí, el daño ya está hecho, y no hay una estrategia clara de contención.
Pemex no ha emitido hasta ahora ninguna postura pública al respecto, y el silencio institucional solo profundiza las dudas.
En tiempos donde la transparencia y la gobernanza definen el destino de las inversiones, México no puede darse el lujo de seguir actuando con improvisación e indiferencia. La salida del fondo de Noruega no es un accidente: es el reflejo de un país donde la corrupción sigue pesando más que el compromiso con el futuro.
