Ciudad de México.
El cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano, anunciado como medida preventiva ante la presencia del gusano barrenador, ha desatado una tormenta económica y política que exhibe las carencias estructurales del sector ganadero nacional. Las pérdidas, calculadas en 25 millones de dólares diarios, golpean de lleno a uno de los pilares productivos del norte del país y ponen en jaque a miles de familias que dependen de esta actividad.
Durante 15 días —al menos en su primera fase—, el tránsito de ganado en pie, caballos y bisontes mexicanos hacia Estados Unidos está suspendido. La decisión, comunicada por la secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, busca contener la propagación del gusano barrenador, una plaga con alto impacto sanitario y económico.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de ofrecer una solución técnica inmediata, ha optado por un tono nacionalista:
“México no es piñata de nadie. Hay colaboración y coordinación, pero ni subordinación ni dependencia”, sentenció.
Sin embargo, los ganaderos no están buscando discursos patrióticos, sino soluciones concretas. La crítica más severa viene de los propios productores: México carece de un sistema de clasificación y certificación de carne bovina, lo que impide que el ganado de alta calidad genética reciba un pago justo en el mercado nacional cuando se bloquea su exportación.
¿Y ahora qué harán con ese ganado?
La lógica indicaría que el mercado nacional absorba la oferta. Pero sin un sistema robusto de certificación, el ganado de genética superior es pagado como “vaca de desecho”. No hay diferenciación ni incentivos de precio, lo que frena la rentabilidad y, en muchos casos, vuelve inviable el negocio ganadero.
“Producimos carne de calidad, pero no podemos demostrarlo. No hay una política pública que respalde a los productores cuando el mercado exterior se cierra”, señalan desde la Unión Ganadera.
El costo de la omisión
Lo más grave del episodio no es solo la suspensión del comercio, sino la sensación de improvisación del gobierno mexicano. La presidenta Sheinbaum afirmó no tener conocimiento del cierre hasta que fue anunciado públicamente, una situación que se repite en otros frentes.
¿Quién informa a la presidenta? ¿Quién no lo está haciendo? ¿Cómo es posible que nos enteremos por redes sociales de un cierre con este impacto económico?
La falta de preparación, prevención y coordinación técnica deja mal parado al gobierno. México ha sido sorprendido nuevamente —como ocurrió en noviembre pasado— sin haber generado alternativas comerciales ni políticas internas que amparen al sector ante este tipo de crisis.
Más allá del discurso
En palabras del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, ya se está trabajando con Estados Unidos para resolver el problema, aunque la frase más repetida es: “No estamos de acuerdo, pero seguimos colaborando”.
¿Y mientras tanto, quién paga la cuenta de las pérdidas millonarias? ¿A qué fondo deben recurrir los ganaderos?
La falta de políticas de certificación, protocolos de emergencia comercial y visión a largo plazo deja a México en una posición vulnerable. El mercado estadounidense —una potencia comercial y sanitaria— impone condiciones. Y mientras en Washington se toman decisiones con base en riesgos y evidencia, en México la reacción llega tarde y con tintes de discurso político.
Reflexión empresarial
El mercado no espera discursos, y mientras el gobierno busca culpables externos, el capital productivo del norte del país se erosiona a cada hora que pasa con la frontera cerrada.
El ganado no entiende de piñatas, pero sí de rentabilidad y de política pública. La pregunta que sigue sin respuesta es: ¿Quién asume el costo de esta negligencia?
