Ciudad de México.
México atraviesa un punto de inflexión sin precedentes: el cierre de dos ciclos que cambian de manera simultánea el rumbo del país, tanto en su vida interna como en sus relaciones con Estados Unidos.
Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió su última sesión bajo el esquema actual, previo a la entrada en vigor de un nuevo modelo en el que, por primera vez, los ministros fueron electos por voto popular. Con ello, concluye más de tres décadas de evolución institucional y comienza lo que el oficialismo celebra como una “nueva era de justicia democrática”. Para otros, sin embargo, se trata de la instauración de un sistema de justicia de acordeón, moldeado más por las relaciones políticas que por la ley misma.
Al mismo tiempo, en el plano internacional, la presión de Donald Trump sobre México abre un nuevo capítulo en la relación bilateral. El presidente estadounidense no solo endurece su cruzada contra los cárteles —catalogados como organizaciones terroristas—, sino que ya explora acciones militares y acuerdos de seguridad condicionados. Todo ello bajo la amenaza latente de aranceles, que se han convertido en su principal arma económica.
Una justicia con sello político
La ministra presidenta Norma Piña reconoció con tono solemne que culmina un ciclo fundamental en la vida pública del país, iniciado en 1994. Pero analistas nacionales e internacionales advierten que lo que viene es un Poder Judicial reducido en independencia y más vulnerable a las presiones del poder político.
La llegada de nueve ministros electos popularmente, encabezados por Hugo Aguilar, plantea interrogantes sobre la verdadera autonomía judicial. ¿Será la voz de la ciudadanía o la maquinaria de los partidos la que determine la justicia en México?
Trump y la nueva presión externa
En paralelo, el gobierno de Claudia Sheinbaum se ve obligado a reaccionar a cada movimiento de Washington. La DEA anunció el “Proyecto Portero” contra el fentanilo, presentándolo como un esfuerzo conjunto, algo que México negó oficialmente. Aun así, la realidad es clara: EE.UU. marca la agenda de seguridad y México se limita a matizarla.
Trump, con su estilo frontal, ha reiterado que protegerá a su país “con o sin México” y no descartó el uso de tropas contra los cárteles. Un mensaje que refleja un cambio de tono: ya no se trata de cooperación, sino de imposición de condiciones.
Los más golpeados: empresarios y ciudadanos
Este doble giro de era —uno interno, otro externo— coloca en el centro de la vulnerabilidad a los empresarios, inversionistas y ciudadanos.
- Un sistema judicial con tintes políticos genera incertidumbre en la aplicación de la ley, debilitando el estado de derecho, pilar esencial para la inversión.
- Los aranceles de EE.UU. y la amenaza de sanciones comerciales ponen en riesgo a los sectores exportadores, desde el automotriz hasta el agroindustrial, en un momento en que México depende de mantener su competitividad global.
- La violencia del crimen organizado, combinada con la designación de los cárteles como grupos terroristas, eleva el riesgo país y dificulta la operación de empresas que necesitan certidumbre para invertir a largo plazo.
México ante un tablero incierto
Lo que está en marcha no es solo un cambio institucional o un ajuste diplomático. Es el fin de dos eras y el inicio de un tiempo de mayor tensión política y económica, donde la inversión productiva puede convertirse en rehén de la incertidumbre.
El gobierno mexicano celebra una “nueva justicia” y una relación “basada en respeto mutuo” con Washington, pero la realidad es que México entra en una etapa en la que la política dicta la justicia y la geopolítica dicta la economía.
Para los CEO´s e inversionistas de Latinoamérica, el mensaje es claro: México sigue siendo un mercado estratégico, pero cada decisión requiere análisis más fino, lectura política y gestión de riesgo en un entorno que ya no garantiza estabilidad automática.
