Ciudad de México
En un movimiento que busca equilibrar el cumplimiento de compromisos internacionales con la defensa del derecho humano al agua, el Gobierno de Coahuila y el Municipio de Acuña anunciaron este martes que se suspenderá el trasvase de agua de la Presa La Amistad, acción que había sido contemplada por el Gobierno Federal como parte del pago de deuda hídrica con Estados Unidos.
El acuerdo fue alcanzado tras una reunión con autoridades federales, en la que se determinó que el vital líquido contenido en la presa —ubicada en el municipio de Acuña— deberá ser reservado para el consumo humano, agrícola y ganadero de la región, especialmente en medio de una sequía prolongada que ha afectado gravemente el norte del país.
Agua para los ciudadanos, no para la presión externa
Desde hace semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha elevado el tono contra México exigiendo el cumplimiento “inmediato” del Tratado de Aguas de 1944, que regula la distribución de las aguas del Río Bravo entre ambos países. En redes sociales, Trump aseguró que México debe 1.3 millones de acres-pies de agua al estado de Texas y advirtió que «eso se acaba ya», dejando abierta la posibilidad de nuevos aranceles si no se cumple con la entrega del líquido.
La presión surte efecto. Apenas tres días después de sus declaraciones, se registró un aumento súbito en las extracciones de la presa La Amistad, lo que encendió alarmas en Acuña y generó protestas por parte de los habitantes, preocupados por la reducción drástica en los niveles del embalse que abastece a más de 200 mil personas.
Frente a esta situación, el gobernador Manolo Jiménez Salinas gestionó un acuerdo con la Federación para frenar el trasvase. Desde la perspectiva local, no puede sacrificarse el acceso al agua de los coahuilenses para saldar compromisos internacionales, menos aún cuando la región enfrenta una de las peores sequías en décadas.
Acta 331: cooperación sí, pero con soberanía
Cabe recordar que en noviembre pasado se firmó el Acta 331 entre México y Estados Unidos, documento binacional que busca mejorar la confiabilidad en la distribución del agua del Río Bravo, así como establecer mecanismos de cooperación ambiental, búsqueda de nuevas fuentes hídricas y calidad del agua.
Si bien el acuerdo no establece volúmenes fijos de entrega, sí proporciona un marco técnico y político para la gestión de los recursos compartidos. La comisionada mexicana de la CILA, Adriana Reséndez, ha señalado que el Acta 331 otorga a México herramientas para cumplir con el tratado sin comprometer su soberanía.
Por su parte, Humberto Marengo, subdirector técnico de Conagua, reconoció que el acta es una vía para «explorar esquemas alternativos de gestión» en momentos de estrés hídrico, como el que actualmente atraviesa el país.
La sombra de los aranceles y la diplomacia frágil
Mientras tanto, el presidente Trump mantiene su retórica de presión, recordando que México ya enfrenta tres aranceles en vigor (acero, aluminio y automóviles) y que el próximo 14 de julio entrará en vigor un cuarto arancel del 20.91% a los tomates mexicanos, por presunto dumping.
A esto se suma la amenaza explícita de nuevas medidas contra productos agrícolas y manufactureros, en caso de que México no cumpla con la entrega de agua acordada en 1944. El uso político de los aranceles por parte de Washington refleja el endurecimiento del comercio bilateral y coloca al gobierno mexicano en una posición compleja, especialmente en plena reorganización del escenario geoeconómico internacional.
Un paso necesario, pero no suficiente
El acuerdo alcanzado para proteger el consumo humano en Acuña es, sin duda, una decisión responsable y necesaria, impulsada por las autoridades estatales y municipales. No obstante, deja en evidencia la falta de soluciones estructurales desde el Gobierno Federal, cuya respuesta ante la presión de EE.UU. ha sido reactiva y fragmentada.
La guerra comercial desatada por Trump no tiene miramientos: ya demostró con China que no le tiembla la mano al imponer gravámenes cuando siente que los intereses de su país están en juego. Ahora México está en la mira, y el agua, un recurso vital y cada vez más escaso, se ha convertido en el nuevo campo de batalla diplomático.
La diplomacia hídrica mexicana enfrenta su prueba más crítica en décadas. En ese contexto, el liderazgo local como el mostrado por Coahuila es clave, pero no puede sostenerse indefinidamente sin una estrategia nacional sólida que defienda tanto la soberanía como el cumplimiento de los tratados. Porque en tiempos de aridez y tensiones, el agua no solo es vida… también es geopolítica.
