Ciudad de México.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una norma que busca disminuir el uso de efectivo e impulsar los pagos digitales en el país. Para el sector empresarial, el punto que más pesa es otro: la ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para identificar los sectores o actividades donde los pagos digitales podrían convertirse en la única forma de pago aceptada.
Qué establece el dictamen
La CURP digital será aceptada como identificación oficial en la contratación digital de servicios financieros, y se creará un Expediente Digital Ciudadano con efectos jurídicos equivalentes a los de los documentos físicos. La ley promoverá transferencias, tarjetas, códigos QR, NFC, CoDi y Dimo, y obligará a los tres órdenes de gobierno a aceptar pagos electrónicos. Los proveedores deberán habilitar infraestructura para cobrar de forma digital, informar los medios disponibles y atender contingencias.
Los plazos y el margen de decisión de Hacienda
Una vez en vigor la norma, Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores sujetos al esquema, y las autoridades correspondientes otros 15 para emitir las reglas de transición. La aplicación será gradual. Entre los primeros ámbitos mencionados en la discusión están las gasolineras y las casetas de peaje. Esta facultad recae en la SHCP, de la que depende el SAT, y no en el órgano recaudador de manera directa.
Certidumbre, costos e informalidad
El primer problema es de diseño. Las bancadas de oposición advirtieron que la ley no deja claro con qué criterios Hacienda podrá prohibir el efectivo en un sector. Esa discrecionalidad pesa tanto como la medida misma, porque impide planear inversiones en equipo y conectividad.
El segundo es de costos. Según lo difundido del dictamen, no se cuantifica quién absorbe terminales, conectividad y comisiones, ni se mencionan apoyos para las Pymes. Las gasolineras matizan la preocupación —95% ya cuenta con terminales y 98.5% está en zonas con cobertura, según la Agencia de Transformación Digital—, pero la prueba real llegará con actividades de menor penetración digital.
Un tercer factor es la informalidad: con 55.0% de informalidad laboral según la ENOE, los pagos digitales aumentan la trazabilidad de las operaciones, lo que ayuda a explicar el interés fiscal, aunque el dictamen no lo plantee así.
En defensa de la ley, el efectivo no desaparecerá: podrá usarse cuando una contingencia impida cobrar de forma digital, y la aplicación será gradual.
Hay que vigilar los criterios que publique Hacienda en sus primeros 15 días hábiles y si se acompañan de apoyos o reglas sobre comisiones para las Pymes. Sin ellos, la modernización puede convertirse, para los negocios más pequeños, en un costo adicional.
Fuente: Cámara de Diputados; Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; INEGI, ENOE.
