Ciudad de México.
La fotografía financiera de México muestra un Estado cargando con dos gigantes cuyo peso condiciona el futuro económico: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al cierre del segundo trimestre de 2025, la CFE registró una deuda de 486 mil 310 millones de pesos, equivalente al 1.4% del PIB, según los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2026. Aunque el saldo es 2.6% menor en términos reales respecto a 2024, el respiro no proviene de una mayor eficiencia operativa, sino de las transferencias fiscales: entre 2017 y 2024 la empresa recibió en promedio 93 mil 581 millones de pesos anuales para cubrir sus desequilibrios. Solo en los primeros siete meses de 2025, el apoyo federal sumó 59 mil 364 millones.
El problema estructural persiste: los gastos operativos superan los ingresos propios, en gran medida porque el modelo tarifario –sobre todo en el sector doméstico y agrícola– no cubre los costos reales de generación. Así, la electricidad se vende por debajo de su costo, con el contribuyente como aval permanente.
El impacto se refleja en la fragilidad de sus resultados: en el primer semestre de 2025 la CFE obtuvo utilidades por 68 mil 691 millones de pesos, muy por debajo de los 78 mil 082 millones del mismo periodo de 2024. De los últimos 14 años, 10 se han cerrado con pérdidas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado enviar una señal de confianza al comprometer la construcción de 60 centrales de ciclo combinado para generar 26 mil megawatts, en alianza con empresas privadas. No obstante, el rezago financiero y los compromisos de pensiones y jubilaciones –que ya consumen casi lo mismo que los salarios de los trabajadores activos– proyectan un escenario de riesgo creciente.
Pemex: un gigante insolvente que arrastra al Estado
El otro gran frente es Pemex, cuya deuda supera los 100 mil 500 millones de dólares. Este lunes, el Gobierno acudió a los mercados europeos con una emisión por 5 mil millones de euros para cubrir, entre otros, los vencimientos de la petrolera. Los recursos se distribuirán en bonos de 4, 8 y 12 años, y parte se usará en el programa de recompra y pago de pasivos de Pemex.
El respaldo público no se detiene. En julio, Hacienda colocó 12 mil millones de dólares en P-Caps, cubriendo obligaciones de 2025 y 2026. La demanda superó los 23 mil millones de dólares, lo que permitió ampliar la emisión. Fitch premió el apoyo con una mejora en la nota crediticia de Pemex a “BB”, aunque todavía muy por debajo del grado de inversión.
Para 2026, la petrolera enfrenta vencimientos por 12 mil 500 millones de dólares y el presupuesto del próximo año ya incluye un nuevo rescate por 13 mil 175 millones de dólares. La narrativa oficial insiste en que para 2027 Pemex “caminará sola”, pero las cifras apuntan a una dependencia que difícilmente se revertirá.
La factura para el país
Entre la CFE y Pemex, el Estado mexicano carga una mochila cada vez más pesada. Lo que en el discurso se presenta como “soberanía energética” se traduce en la práctica en más deuda pública, más subsidios y menor margen fiscal.
Para los inversionistas, el mensaje es claro: México apuesta por sostener a sus empresas públicas a cualquier costo, aun si ello compromete la estabilidad de las finanzas públicas. La gran incógnita es hasta cuándo esa mochila podrá seguir llenándose de piedras sin romperse las costuras.
