Ciudad de México
Apenas 13 de cada 100 mexicanos acudieron a votar el pasado 1 de junio en la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Y, aunque el proceso transcurrió en calma, las señales que dejó encendieron todas las alarmas en la comunidad internacional. La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) fue clara: este modelo no es replicable. No garantiza independencia judicial y, lo peor, profundiza la polarización y el debilitamiento institucional.
La elección, impulsada por el expresidente López Obrador y ratificada sin ajustes por la administración de Claudia Sheinbaum, se llevó a cabo con prisa, en un ambiente politizado, con falta de preparación, un alto porcentaje de votos nulos y una participación tan baja que ya la comunidad internacional lo califica como un experimento fallido.
Un silencio que pesa: el 87 % no votó
La OEA señaló con preocupación la participación ciudadana: 13.1 % del padrón electoral. Uno de los niveles más bajos en toda América Latina. En países con democracias fuertes, esa cifra sería suficiente para anular una elección o, al menos, para replantearla. Pero en México, al parecer, basta con que no haya violencia para declarar el proceso como exitoso.
Y aunque la Misión reconoció el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los funcionarios de casilla, el informe reveló que varios observadores ciudadanos estaban vinculados a partidos políticos, violando los principios básicos de imparcialidad electoral.
Mentadas, abstención y boletas en blanco
Por si fuera poco, se registró un altísimo número de votos nulos y no marcados. Las redes sociales se inundaron con fotografías de boletas rayadas con frases de burla, enojo y hartazgo. Algunas, incluso, dirigidas directamente contra el Senador Fernández Noroña, a quien los legisladores del PAN aseguran que “ya le alcanzaría para un asiento en la Corte si se contaran las mentadas de madre.”
Mientras la clase política oficialista intenta vender esta elección como una fiesta democrática, el resto del mundo la ve como un funeral anticipado para la independencia judicial en México.
Un modelo para no seguir
La Misión de la OEA fue diplomática, pero contundente: este no es un modelo recomendable. El proceso fue precipitado, polarizante y con debilidades estructurales serias. La elección, dijo, no garantiza el fortalecimiento del Estado de derecho, ni asegura la autonomía del Poder Judicial.
Los analistas internacionales han sido más directos: México está dejando de ser una democracia funcional. Algunos, incluso, hablan ya del inicio de una autocracia electoral, donde las formas se respetan, pero el fondo ya huele a autoritarismo.
El riesgo de mirar hacia otro lado
Todo esto ocurre mientras el mundo está distraído. Europa enfrenta su propia crisis energética y migratoria, Asia libra una guerra tecnológica silenciosa, y en Estados Unidos, Donald Trump aún no voltea los ojos hacia México. Pero si lo hace, será para sacar ventaja, no para defender valores democráticos.
México camina en silencio hacia un modelo de concentración de poder. Y lo más alarmante es que, con la validación de organismos internos y la pasividad de muchos actores internacionales, ese camino podría volverse irreversible.
Al cierre
Hoy no hay motivo para celebrar. La elección judicial del 1 de junio no es un triunfo democrático. Es un síntoma preocupante de un país donde la justicia comienza a dejar de ser ciega y empieza a voltear hacia Palacio Nacional. No es una afirmación ligera, es la conclusión que empieza a dibujarse en todos los informes, en todos los foros, en todas las voces que aún creen que la democracia no puede sacrificarse por el capricho de un partido o de un presidente.
México, un país que fue referente en reformas electorales en el siglo XX, hoy es el ejemplo que nadie quiere seguir.
📉 Un día triste para el equilibrio de poderes. Y un futuro que, si no se corrige el rumbo, solo augura más concentración, más sumisión… y menos justicia.
