Ciudad de México.
La justicia en México enfrenta un momento oscuro con el arranque de las campañas para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF). Lejos de representar un avance en la democratización de la justicia, este proceso marca un grave retroceso en la construcción de un sistema judicial más justo, profesional y eficiente.
La intromisión política en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es evidente. Las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, todas designadas en su momento por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, han iniciado sus campañas con un innegable respaldo oficialista. Su intención de perpetuarse en el máximo tribunal mediante un proceso plagado de opacidad y acarreo es un claro intento de captura del Poder Judicial.
Un Proceso desaseado
El senador Ricardo Anaya no escatimó en calificativos al describir el proceso como un “cochinero”, denunciando la utilización de sindicatos para la promoción de ciertas candidaturas, en abierto desacato a las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE). La presencia del Sindicato de Electricistas de México en el evento de Loretta Ortiz y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el de Yasmín Esquivel evidencia que estas candidaturas cuentan con una estructura de apoyo que viola los principios de equidad en la contienda.
Aún más preocupante es la descomposición del perfil de los aspirantes. La falta de requisitos estrictos ha permitido la inclusión de personajes vinculados a grupos cuestionables, como Fernando Escamilla, abogado del narcotraficante Z40; Job Daniel Wong y Madaín Sinaí Menchaca Sierra, ambos cercanos a la iglesia Luz del Mundo, cuyo líder está acusado de abuso infantil. La elección de jueces debería garantizar a los mexicanos servidores públicos con un ético y sólido criterio jurídico, no personajes de dudosa reputación.
Jueces tiktokeros
Lo más alarmante es la superficialidad con la que se está llevando a cabo este proceso. Con la prohibición del financiamiento público o privado para campañas, los candidatos han recurrido a las redes sociales como su principal medio de proyección. Sin embargo, en lugar de presentar propuestas sólidas para el fortalecimiento del sistema judicial, han optado por estrategias virales y contenido vacío. En palabras de expertos en comunicación política, “es mejor ser viral que estar preparado”.
Las redes sociales han reemplazado la preparación académica y la experiencia. Los jueces ya no son seleccionados por su conocimiento de la ley, sino por su capacidad de generar tendencias. En este proceso, la toga ha dejado de ser un símbolo de imparcialidad para convertirse en un filtro de Instagram. La justicia no se mide en visualizaciones, sino en fallos sólidos, ética y compromiso.
El PJF está en un punto de quiebre
La sociedad civil, las cámaras empresariales y los analistas han advertido sobre el peligro de someter el sistema judicial a la popularidad en redes. Un sistema de justicia que debería ser el freno de los abusos del poder se está convirtiendo en un aparato de espectáculo, donde la preparación es secundaria frente a la teatralidad y la imagen.
Las campañas han comenzado, pero no con un debate serio sobre el futuro de la justicia, sino con un desfile de aspirantes dispuestos a todo por la atención del electorado. En este contexto, la independencia judicial en México está en riesgo. Lo que antes se construía con argumentos jurídicos sólidos, ahora se define en likes y seguidores.
Lo que debería ser un mecanismo para fortalecer la imparcialidad judicial se ha convertido en una herramienta para su desmantelamiento. Con una elección empañada por la imposición política, el acarreo y la banalización de la justicia, el futuro del derecho en México luce incierto.
