Ciudad de México
El reciente anuncio de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre un aumento del 12% al salario mínimo para 2025 marca otro paso en la estrategia de la llamada «Prosperidad Compartida». Este incremento, que beneficiará directamente a 8.5 millones de trabajadores, eleva el salario mínimo mensual a 8,364 pesos en todo el país y a 12,596 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte. Si bien se trata de una medida que apunta a reducir la pobreza laboral y mejorar la calidad de vida, el impacto para las empresas y la economía en general genera tanto entusiasmo como preocupación.
Un impulso al bienestar social
El gobierno federal destaca que, desde 2018, el salario mínimo ha acumulado un crecimiento del 135%, permitiendo a más trabajadores adquirir bienes y servicios esenciales. Además, se ha logrado reducir la brecha salarial de género y mejorar las condiciones laborales de millones de mexicanos. Según un estudio de la Conasami, 4.1 millones de personas han salido de la pobreza gracias a la política salarial implementada desde el inicio de la administración.
Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó el respaldo del sector empresarial al aumento, reconociendo su importancia para impulsar el consumo interno y disminuir desigualdades.
Impacto para las empresas: ¿beneficio o desafío?
Sin embargo, detrás del optimismo, algunos empresarios ven un panorama desafiante. Este aumento se suma a los costos laborales que las empresas deben absorber, particularmente en un entorno económico caracterizado por la desaceleración.
El alza salarial también incide directamente en los pagos de prestaciones como aguinaldos, aportaciones al IMSS e INFONAVIT, y otros costos asociados. Las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que representan el 99% del tejido empresarial en México, podrían enfrentar una mayor presión financiera, especialmente si los ingresos no crecen al mismo ritmo que los gastos.
Consumo versus inflación: ¿una balanza equilibrada?
El incremento salarial podría traducirse en un aumento del poder adquisitivo y, con ello, estimular el consumo interno, un motor clave para la economía. Sin embargo, también existe el riesgo de que este aumento genere presiones inflacionarias, ya que las empresas podrían trasladar los mayores costos laborales a los precios finales de bienes y servicios.
A este escenario se suma una desaceleración económica global que ya comienza a reflejarse en México. Con la amenaza de una recesión a la vista, los empresarios se preguntan si este aumento salarial será sostenible sin afectar la competitividad del país.
¿Qué sigue para la economía mexicana?
En el corto plazo, es probable que el aumento salarial impulse un mayor dinamismo en sectores como el comercio y los servicios. Sin embargo, el gobierno y los empresarios deben trabajar en conjunto para mitigar posibles efectos adversos, como el encarecimiento de bienes y servicios o una reducción en la creación de empleos formales.
La implementación de políticas fiscales que favorezcan a las Pymes, la mejora en la productividad laboral y el fortalecimiento del mercado interno serán esenciales para aprovechar al máximo los beneficios de esta medida. Además, con un entorno de alta incertidumbre global y las presiones de Estados Unidos en materia comercial, México deberá equilibrar la búsqueda de bienestar social con la necesidad de mantener su competitividad económica.
El aumento salarial representa una oportunidad histórica para avanzar hacia una economía más equitativa, pero también un reto para asegurar que los beneficios lleguen tanto a los trabajadores como a los empresarios. ¿Podrá México encontrar ese balance perfecto? Solo el tiempo lo dirá.
