Ciudad de México.
El gobierno mexicano ha protagonizado un giro estratégico en su política energética, abriendo la puerta a la explotación de gas no convencional mediante el fracking, una práctica que hasta hace poco era públicamente rechazada por sus impactos ambientales. Esta aparente «dicotomía» o «ajuste pragmático» entre el discurso ideológico y la realidad económica, especialmente bajo la administración de Claudia Sheinbaum, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la soberanía energética y la capacidad del país para satisfacer la creciente demanda industrial, con profundas implicaciones para el sector productivo y las decisiones de inversión.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la narrativa oficial fue clara: un rechazo público al fracking por su impacto ambiental y un compromiso de no impulsar el gas no convencional, alineado con un discurso de soberanía energética «limpia». Sin embargo, esta postura coexistía con operaciones parciales de Pemex en estados como Veracruz y Tamaulipas, generando una contradicción estructural entre el discurso y la práctica.
La tensión se agudiza al considerar la alta dependencia de México de las importaciones de gas de Estados Unidos, que representan aproximadamente el 75% del consumo nacional. Con un consumo diario de alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos, la mayor parte importada, la ideología energética chocaba frontalmente con la dependencia real del gas extranjero.
El Giro Estratégico: «Fracking Moderno» y Necesidad Económica
En la semana del 7 al 12 de abril de 2026, el gobierno ha dado un paso significativo hacia la apertura al fracking o gas no convencional. La presidenta Sheinbaum ha planteado la evaluación de tecnologías «más limpias», moviéndose entre un «no al fracking tradicional» y un «sí a nuevas formas de extracción», aceptando la posibilidad de un «fracking moderno» o sustentable. Esta postura se incorpora ahora en la estrategia energética nacional y Pemex lo incluye en sus planes de producción a largo plazo, marcando un paso de la prohibición política a la apertura técnica.
Los principales impulsores de este cambio son tres:
- Dependencia de EE.UU.: La vulnerabilidad ante crisis internacionales, como la guerra con Irán, y la necesidad de reducir la importación masiva de gas.
- Seguridad Energética: La urgencia de garantizar el suministro interno para la industria, que requiere gas barato y constante.
- Presión Económica: El plan de crecimiento industrial, impulsado por el nearshoring, exige una mayor disponibilidad de energía. Las reservas no convencionales de México (141 mil millones de pies cúbicos) superan significativamente a las convencionales (83 mil millones), lo que las convierte en una opción atractiva.
Críticas y Riesgos: El Debate sobre el «Fracking Sustentable»
Organismos y analistas advierten sobre los riesgos inherentes al fracking, incluyendo la contaminación de acuíferos, el alto consumo de agua y las emisiones de metano, un gas altamente contaminante. La preocupación es particularmente alta en zonas con estrés hídrico, como el norte de México. Los críticos sostienen que «no existe fracking sustentable» y que las «versiones limpias» no están plenamente probadas, pudiendo generar daños irreversibles.
Desde una perspectiva política, se cuestiona la inconsistencia del discurso gubernamental, lo que algunos califican como un «cambio de narrativa», una «ambigüedad deliberada» o un «ajuste pragmático» ante restricciones reales. Este caso es un ejemplo clásico de la tensión entre el realismo energético y el idealismo ideológico.
| Dimensión | Postura Inicial (AMLO) | Realidad 2026 (Sheinbaum) |
| Política | No al fracking | Sí condicionado |
| Ambiental | Energía limpia | Gas como transición |
| Económica | Soberanía energética | Dependencia externa |
| Técnica | Rechazo total | Implementación gradual |
El giro en la política de fracking en México revela los límites de un modelo energético soberanista sin gas propio, la dependencia estructural de Estados Unidos, la presión del crecimiento industrial y la fragilidad del discurso ambiental frente a la realidad económica. Para el sector empresarial, esta apertura representa tanto una oportunidad para asegurar el suministro energético como un desafío para operar bajo estándares ambientales rigurosos y una mayor escrutinio público. La clave será cómo el gobierno gestiona esta transición para equilibrar las necesidades económicas con la protección ambiental y la credibilidad política.
