Ciudad de México.
La inseguridad continúa representando uno de los principales riesgos para el entorno de negocios en México. Durante 2025, el 25.9% de las unidades económicas del sector privado fue víctima de algún delito, mientras que el costo total asociado a la delincuencia y a las medidas de prevención alcanzó 115 mil 100 millones de pesos, equivalente al 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo revela la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Aunque la proporción de establecimientos afectados disminuyó respecto al 27.2% registrado en 2023, el problema mantiene una dimensión económica considerable: alrededor de 1.4 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito y se estimaron tres millones de ilícitos, un promedio de 2.2 por cada establecimiento afectado.
El costo de la inseguridad también reduce la competitividad
Uno de los hallazgos más relevantes para el sector empresarial es que las compañías no solamente absorben pérdidas por robos, extorsiones o fraudes. También destinan recursos a proteger sus instalaciones, mercancías, personal y operaciones. En 2025, el gasto en medidas preventivas sumó 58 mil 900 millones de pesos, es decir, 51.2% del costo total estimado.
El costo promedio nacional fue de 44 mil 560 pesos por unidad económica. Sin embargo, la afectación cambia según el tamaño y la actividad del negocio. En la industria alcanzó 90 mil 298 pesos; en servicios, 37 mil 635; y en comercio, 40 mil 763 pesos. Por tamaño, las empresas grandes registraron un costo promedio de un millón 369 mil 484 pesos, mientras que en las medianas fue de 468 mil 441 pesos.
Por tipo de delito, la extorsión concentró 26.2% de los ilícitos, seguida del robo hormiga, con 17%, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 15.8%. En conjunto, estas tres modalidades representaron 59% de los delitos contra las unidades económicas.
El impacto trasciende las pérdidas directas. La encuesta documentó que, como consecuencia de haber sido víctimas de algún delito o para prevenirlo, establecimientos redujeron horarios, limitaron el manejo de efectivo, cancelaron inversiones, suspendieron relaciones comerciales o modificaron rutas de distribución. En el agregado nacional, 14.5% reportó cancelar planes de crecimiento e inversión y 17.6% reducir horarios de producción o comercialización.
Coahuila destaca en percepción de seguridad, pero enfrenta costos
En la comparación estatal, Coahuila registró una tasa de prevalencia de 2 mil 279 unidades económicas víctimas por cada 10 mil, por debajo del promedio nacional de 2 mil 593. Además, fue la entidad con menor percepción empresarial de inseguridad: 26.4% de sus unidades económicas consideró insegura la entidad donde opera, frente al 71.2% nacional.
Durango, por su parte, reportó una tasa de prevalencia de 2 mil 883 víctimas por cada 10 mil unidades económicas y una percepción de inseguridad de 45.3%.
No obstante, el costo promedio estimado del delito por unidad económica en Coahuila fue de 71 mil 206 pesos, superior al promedio nacional. Esta cifra debe interpretarse con cautela: el INEGI advierte que las estimaciones estatales presentan márgenes de error relevantes. Por ello, no basta con comparar un monto aislado para determinar qué entidad ofrece mejores condiciones de seguridad.
La diferencia entre victimización y percepción también es importante. La primera mide establecimientos que experimentaron delitos durante 2025; la segunda recoge la percepción de seguridad entre marzo y mayo de 2026. Son indicadores complementarios, pero no equivalentes.
La cifra oculta evidencia un desafío institucional
Otro foco de atención es que 91.8% de los delitos no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. De los ilícitos ocurridos, apenas 9.9% fue denunciado y solo 8.2% del total terminó con apertura de una carpeta. Entre los casos con investigación, 75.4% seguía en trámite o no había producido resultado, de acuerdo con las respuestas de las unidades económicas.
Además, 58.9% de las razones de no denuncia se atribuyó a factores relacionados con las autoridades, como desconfianza, trámites largos o difíciles y pérdida de tiempo. Este escenario limita la capacidad institucional para dimensionar el problema, identificar patrones delictivos y construir investigaciones que permitan reducir la impunidad.
Seguridad: variable estratégica para atraer inversión
Para inversionistas que evalúan dónde instalar fábricas, centros logísticos, comercios o empresas de servicios, la ENVE aporta información para comparar riesgos entre entidades. La incidencia delictiva, el costo de protección, la extorsión, la seguridad de las rutas de transporte y la confianza en las instituciones pueden incidir en los costos operativos, las primas de seguros, la continuidad de las cadenas de suministro y la rentabilidad de un proyecto.
En consecuencia, la seguridad debe considerarse junto con infraestructura, disponibilidad de talento, conectividad, energía, proveeduría y condiciones regulatorias. Una ubicación con menor percepción de inseguridad puede ofrecer ventajas competitivas, pero la decisión requiere contrastar los indicadores con información sectorial y territorial más específica.
Para los gobiernos estatales y municipales, los resultados también constituyen una herramienta de política pública. La prioridad no debería limitarse a incrementar patrullajes: se requiere fortalecer la investigación y procuración de justicia, facilitar la denuncia, combatir la extorsión, proteger corredores industriales y logísticos y medir resultados mediante indicadores verificables.
La ENVE 2026 deja una conclusión para la agenda económica nacional: la seguridad empresarial no es únicamente un asunto policial, sino una condición para invertir, producir, generar empleos y competir. Reducir el delito y garantizar instituciones confiables significa disminuir costos que hoy absorben las empresas y liberar recursos para el crecimiento.





