Ciudad de México
Ante la inminente entrada en vigor de la reforma laboral que reduce la jornada semanal a 40 horas, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó una reunión estratégica en la capital del país con Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, acompañado por líderes empresariales de las cinco regiones del estado.
El encuentro, calificado como productivo y técnico, giró en torno a los desafíos que enfrenta el aparato productivo, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME’s), frente al incremento en costos laborales, la presión sobre la competitividad y el impacto que esto podría tener sobre el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
“El mensaje es claro: en Coahuila, cuando el sector público y el privado trabajan en coordinación, los resultados no solo se hacen visibles, sino sostenibles”, afirmó el gobernador Jiménez.
Hacia una implementación gradual: propuesta desde Coahuila
Como resultado del diálogo, se acordó que el sector empresarial coahuilense presentará una propuesta conjunta de implementación gradual, con especial enfoque en preservar la estabilidad laboral y evitar distorsiones severas en el mercado de trabajo.
Por su parte, el secretario Marath Bolaños refrendó su apertura al diálogo y subrayó que la STPS está comprometida con una transición ordenada, en conjunto con el sector productivo, priorizando el desarrollo económico y la inclusión laboral.
“Estamos convencidos de que el consenso es la mejor vía para avanzar en una reforma laboral que sea justa, pero también viable para el país”, señaló Bolaños.
Riesgos económicos: ¿Una reforma con efecto colateral?
Analistas advierten que la reforma podría impactar negativamente al PIB nacional, especialmente si no se acompaña de políticas de apoyo para las MiPyME’s, que representan el 99.2% de las unidades económicas del país, generan el 40% del PIB y sostienen el 65% del empleo.
En un entorno con crecimiento proyectado de 0.0% en 2025, escaso margen fiscal y presiones por aranceles comerciales, la reforma implicaría mayores costos laborales, especialmente en sectores 24/7 como manufactura, comercio y servicios. La falta de subsidios podría traducirse en cierres de unidades, informalidad y caída del empleo.
Además, el débil sistema de inspección laboral, con solo 600 inspectores activos en todo México, representa un reto en la supervisión y cumplimiento efectivo de esta legislación.
Empresarios presentes: un frente unificado
Participaron en el encuentro representantes de Canacintra Torreón, Constellation Brands, el Clúster Industrial Automotriz de Coahuila, AIERA (Asociación de Industriales de Ramos Arizpe) y CMIC, quienes coincidieron en la urgencia de adaptar esta reforma a la realidad operativa del país.
