Ciudad de México.
En un movimiento que pone al sistema judicial mexicano en una de sus peores crisis, el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio 2025 asesta un golpe directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La drástica reducción de recursos, que alcanza los 13 mil millones de pesos, no solo amenaza el funcionamiento operativo de juzgados y tribunales, sino que también coloca en entredicho la independencia de un poder clave para el estado de derecho.
Un país sin justicia: el riesgo de un sistema paralizado
El recorte impactará directamente en los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Prestaciones históricas como seguros de retiro, gastos médicos mayores y bonos están en peligro, lo que ya ha detonado protestas y amenaza con una huelga que paralizaría el sistema judicial en todo el país. En términos prácticos, esto significaría un freno en la resolución de casos judiciales, afectando directamente a ciudadanos y empresas que dependen de procesos legales claros y oportunos.
El Consejo de la Judicatura ha advertido que el recorte podría derivar en el cierre de juzgados de distrito y tribunales de circuito, una reducción de la plantilla laboral y la suspensión de proyectos clave como la implementación de reformas judiciales en materia laboral, penal y civil. Este debilitamiento del sistema de justicia envía un mensaje preocupante: México carece de las garantías necesarias para garantizar la seguridad jurídica que las inversiones nacionales y extranjeras exigen.
¿Qué busca el gobierno?
El recorte presupuestal, aunque justificado por el oficialismo como una medida de austeridad, plantea una serie de interrogantes sobre las intenciones del Ejecutivo. La justicia no es un área donde se deba escatimar recursos. Por el contrario, en un país donde la falta de estado de derecho es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, el debilitamiento de las instituciones judiciales parece un contrasentido.
La certeza jurídica es uno de los pilares fundamentales para la atracción de inversiones. En un contexto global en el que México enfrenta la presión de su vecino del norte, encabezado nuevamente por Donald Trump y sus políticas proteccionistas, el país necesita instituciones fuertes que proyecten estabilidad y confianza. ¿Qué mensaje se está enviando a los inversionistas al mostrar un Poder Judicial debilitado y vulnerable?
Un torbellino en puerta: las tensiones con Trump
Con la reinstauración del programa «Quédate en México», las deportaciones masivas anunciadas por Trump y la amenaza de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, México enfrentará meses de alta tensión diplomática y social. En este contexto, un Poder Judicial fuerte y autónomo sería fundamental para enfrentar los retos legales y sociales que estas medidas implican. Sin embargo, el gobierno parece estar apostando por lo contrario, dejando al país en una posición de debilidad.
El estado de derecho en juego
El debilitamiento del Poder Judicial no solo afecta a los trabajadores y al sistema de justicia; socava también la confianza de la población en las instituciones y el equilibrio de poderes. México no puede permitirse un sistema judicial que funcione a medias, mucho menos en un momento en el que la competencia económica global y los retos de seguridad exigen certezas.
¿Cuál es el plan?
Las acciones del oficialismo dejan más preguntas que respuestas. ¿Se trata de un intento por consolidar más poder en el Ejecutivo? ¿Es este un movimiento estratégico para silenciar a un Poder Judicial que ha mostrado independencia en momentos críticos? Lo que está claro es que debilitar a las instituciones no es la vía para fortalecer al país. Si México aspira a crecer, atraer inversiones y proteger a su población, debe apostar por el fortalecimiento del estado de derecho y de las instituciones que lo sustentan.
El país necesita un Poder Judicial sólido, no solo para impartir justicia, sino también para ofrecer certeza jurídica a las empresas y a la ciudadanía en general. En tiempos de incertidumbre, la fortaleza institucional no es un lujo, sino una necesidad imperante.
