Ciudad de México.
La estabilidad operativa del sistema judicial federal de México ha sido sacudida por una medida drástica y contundente: la suspensión total de labores de brazos caídos en los órganos jurisdiccionales de todo el país, programada para el próximo 31 de octubre de 2025.
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha posicionado esta protesta como una lucha justa, coherente y necesaria, la cual se adopta como «último recurso» ante una crisis administrativa que pone en jaque la propia impartición de justicia.
Motivos de Fondo: El Colapso de las Condiciones Mínimas
La justificación del cierre temporal y masivo, anunciada oficialmente el 28 de octubre, es una severa crítica a la gestión del Órgano de Administración Judicial. El sindicato detalla una grave carencia de insumos esenciales, vitales para el desempeño de las funciones, lo que evidencia un deterioro en las condiciones laborales dignas:
- Falta de Insumos Básicos: Ausencia de impresoras, hojas, papelería, y hasta el suministro de líquido vital (agua).
- Déficit de Servicios: Carencia de servicio de comedores.
- Crisis de Personal: La falta de sustitución de plazas desocupadas por funcionarios electos por voto popular, sumada a la exigencia de cesar el despido masivo de servidores públicos.
- Incumplimiento Salarial: La omisión en el incremento salarial anual y la falta de pago del aumento retroactivo, un compromiso reiteradamente incumplido por la autoridad administrativa.
La medida, por tanto, se fundamenta en la defensa de las condiciones laborales y la salvaguarda del adecuado funcionamiento institucional.
Impacto Estratégico: El Sector Empresarial en Riesgo
Desde nuestra línea editorial enfocada en negocios y visión empresarial, este cierre tiene ramificaciones críticas que trascienden el ámbito laboral:
- Certeza Jurídica Detenida: La suspensión total de labores afecta directamente la celeridad y la certeza jurídica necesaria para la operación de la Iniciativa Privada (IP). La paralización de órganos jurisdiccionales, aunque mantenga servicios de guardia para casos urgentes, retrasa fallos, litigios comerciales y procedimientos clave que sostienen las inversiones y los flujos de negocio.
- Riesgo Institucional: La incapacidad del Órgano de Administración Judicial para proporcionar «los recursos mínimos indispensables para la impartición de justicia», incluyendo materiales básicos y cumplimiento salarial, lanza una señal de debilidad institucional que erosiona la confianza en el sistema que debe proteger los contratos y la legalidad empresarial.
El sindicato, si bien reitera su disposición al diálogo, subraya que «no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales». La parálisis del Poder Judicial es una alerta para la sociedad y el sector productivo: un sistema de justicia débil por falta de recursos es un freno directo al crecimiento económico y a la estabilidad del país. Se espera un urgente cumplimiento de las obligaciones administrativas y salariales para evitar la prolongación de estas acciones.
