Saltillo, Coahuila.
En una decisión que envía una señal clara sobre el equilibrio entre actividad empresarial, derechos ciudadanos y responsabilidad social corporativa, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad un punto de acuerdo impulsado por el diputado Felipe González Miranda para exigir la reapertura inmediata de un paso peatonal bloqueado de manera unilateral por la empresa concesionaria Ferromex en el municipio de Torreón.
La iniciativa del legislador se posiciona como un precedente relevante en la relación Estado–empresa–sociedad, particularmente en una región estratégica para la logística, la industria y el comercio del norte del país. El acuerdo aprobado no solo demanda la reapertura del acceso clausurado el pasado 28 de noviembre, sino que también exhorta a las autoridades competentes a supervisar y, en su caso, sancionar a la empresa por afectar a terceros sin causa justificada.
Movilidad, derechos y entorno productivo
Durante la sesión legislativa, González Miranda subrayó que la problemática va más allá de un conflicto local y se inscribe en el respeto a derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito y la dignidad de las personas, principios que también inciden directamente en la estabilidad social y el entorno de negocios.
“Hoy vengo a darle voz a las familias de las colonias Ampliación Nueva Merced, Dalias y Luisas, en Torreón, que están siendo afectadas por decisiones autoritarias de Ferromex. Se cerró, con argumentos falsos, un paso peatonal y vehicular que conecta la calle Eglantinas con la avenida Ferrocarril”, expuso el diputado ante el Pleno.
El acceso clausurado era utilizado cotidianamente por alrededor de 1,000 familias, quienes dependen de esta vía para trasladarse a centros de trabajo, escuelas, comercios, servicios de salud y transporte público. Su cierre ha generado impactos directos en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de comunidades enteras, además de tensiones sociales que afectan el clima local.
Señal institucional para concesionarios
En línea con una narrativa de gobernanza moderna y certeza jurídica, el punto de acuerdo también contempla el seguimiento a la queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la empresa ferroviaria, reforzando el mensaje de que ninguna concesión está por encima del interés público.
Para analistas del entorno empresarial, la resolución del Congreso representa una señal institucional relevante: el desarrollo de infraestructura y la operación de grandes concesionarios deben alinearse con estándares de responsabilidad social, diálogo comunitario y respeto a la legalidad, factores cada vez más valorados por inversionistas nacionales e internacionales.
Desarrollo sí, arbitrariedad no
El diputado González Miranda fue enfático al señalar que las comunidades han tolerado por años externalidades negativas asociadas a la operación ferroviaria, como ruido excesivo, vibraciones y afectaciones estructurales en viviendas, pero advirtió que la restricción a la libertad y al libre tránsito no es negociable.
“Todo eso se ha tolerado por necesidad, pero la libertad no. Negarles su libertad no será tolerado”, concluyó.
Con esta acción, el Congreso de Coahuila se coloca como un actor clave en la defensa de un modelo de desarrollo equilibrado, donde la inversión y la infraestructura convivan con derechos, bienestar social y estabilidad, condiciones indispensables para el crecimiento sostenible del ecosistema empresarial del norte de México.
