Arteaga, Coahuila.
En una de las apuestas sociales más ambiciosas de la actual administración estatal, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó el Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad, una estrategia transversal que contempla una inversión superior a 331 millones de pesos en acciones, programas, proyectos y apoyos dirigidos a este sector de la población y sus familias.
Acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, el mandatario estatal subrayó que esta política pública responde a una visión integral de desarrollo social.
“En Coahuila trabajamos para que nadie se quede atrás y todas y todos avancemos hacia adelante con una estrategia que pone en el centro a las personas”, destacó.
Inclusión como eje de política pública
El programa está diseñado bajo un enfoque transversal que involucra a diversas dependencias estatales y municipales, con el objetivo de impactar de manera directa en múltiples dimensiones del bienestar: salud, educación, desarrollo social, empleo y movilidad.
El gobernador explicó que esta estrategia parte de una premisa clara: la calidad de vida depende de la articulación de distintos factores estructurales.
“Para que alguien pueda tener calidad de vida se requieren obras, programas sociales, salud, educación, oportunidades económicas y seguridad. Por eso, el recurso se canaliza a los temas más importantes”, señaló.
Apoyos directos y fortalecimiento social
Como parte de esta política, se anunció la implementación del programa “Veamos la Discapacidad”, mediante el cual se destinarán 20 millones de pesos para la entrega de apoyos económicos directos de 10 mil pesos por beneficiario.
Este componente busca atender de manera inmediata necesidades prioritarias de personas con discapacidad, al tiempo que se fortalece el ingreso familiar y se reducen brechas de desigualdad.
Cinco ejes para transformar la inclusión
La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, explicó que el programa está estructurado en cinco ejes estratégicos, diseñados para abordar de manera integral las distintas etapas y necesidades de las personas con discapacidad:
- Sensibilización
- Detección
- Atención
- Movilidad
- Fortalecimiento
Este modelo busca no sólo ampliar la cobertura de atención, sino transformar la manera en que las instituciones públicas abordan la inclusión.
“Este programa reúne acciones concretas para asegurar que las personas con discapacidad tengan mayores oportunidades de desarrollo, autonomía y participación plena en la sociedad”, afirmó.
Coordinación institucional y participación social
Uno de los elementos clave de esta estrategia es la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, modelo que ha caracterizado la gestión estatal en distintos rubros.
El gobernador destacó que esta “fórmula de trabajo en equipo” ha sido determinante para posicionar a Coahuila como uno de los estados con mejores indicadores a nivel nacional.
“Reiteramos nuestro compromiso con todas y todos los coahuilenses, pero especialmente con nuestra gente más vulnerable”, enfatizó.
Más allá de la inversión: un cambio estructural
Más allá del monto de inversión, el programa representa un cambio de enfoque en la política social estatal, al pasar de acciones aisladas a una estrategia integral de inclusión.
Desde la perspectiva de desarrollo social, este tipo de políticas no sólo buscan atender necesidades inmediatas, sino generar condiciones para la independencia, la integración laboral y la participación activa en la vida comunitaria.
Inclusión y desarrollo: una agenda estratégica
En el contexto actual, donde la competitividad de las regiones también se mide por sus niveles de inclusión y cohesión social, programas de esta naturaleza adquieren relevancia estratégica.
La implementación del Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad posiciona a Coahuila como una entidad que apuesta por un modelo de desarrollo donde el crecimiento económico se acompaña de políticas sociales robustas.
Con ello, el estado avanza hacia un esquema en el que la inclusión no es sólo un componente asistencial, sino un pilar estructural para el desarrollo sostenible y la equidad social.
