Saltillo, Coahuila.
En medio del crecimiento inmobiliario que atraviesan diversas regiones de Coahuila, particularmente en zonas campestres y de alta plusvalía, el Gobierno del Estado encendió las alertas sobre la comercialización irregular de predios que carecen de permisos y autorizaciones legales, una práctica que —advirtió— representa riesgos patrimoniales, jurídicos y económicos para cientos de familias.
A través de la Secretaría de Gobierno, la administración estatal informó que se han detectado esquemas de promoción, venta y transferencia de terrenos campestres que no cumplen con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, situación que podría derivar en sanciones millonarias y acciones legales contra desarrolladores, propietarios y promotores involucrados.
El posicionamiento estatal ocurre en un momento donde el crecimiento urbano, la expansión habitacional y la demanda de propiedades en zonas rurales y suburbanas han incrementado significativamente en regiones como Sureste, Laguna y Norte, impulsadas por el dinamismo económico y la llegada de nuevas inversiones.
Gobierno alerta sobre riesgos patrimoniales
La autoridad estatal advirtió que algunos desarrollos están siendo comercializados sin contar con permisos municipales, uso de suelo autorizado, factibilidad de servicios básicos ni documentación jurídica indispensable para operar legalmente.
Esta situación no solo expone a compradores a posibles fraudes o pérdidas económicas, sino que también genera riesgos de desarrollo urbano desordenado y asentamientos fuera de norma.
Por ello, el Gobierno de Coahuila exhortó a la ciudadanía a verificar previamente cualquier operación inmobiliaria y confirmar que los proyectos cuenten con autorización oficial antes de realizar inversiones o adquisiciones.
“La prioridad es proteger el patrimonio de las familias coahuilenses y mantener el orden urbano bajo criterios de legalidad y planeación”, señaló la autoridad estatal.
Multas superiores al millón de pesos
Uno de los puntos más relevantes del posicionamiento es el endurecimiento de las consecuencias legales para quienes participen en este tipo de operaciones irregulares.
De acuerdo con el artículo 311 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, las personas que promuevan, vendan, cedan o transfieran terrenos fuera de la normatividad vigente podrían enfrentar multas de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos o incluso hasta el 20 por ciento del valor comercial del inmueble.
Además, el artículo 315 establece sanciones específicas para propietarios o desarrolladores que celebren actos jurídicos sin autorización para vender o construir propiedades, con multas de hasta 5 mil UMAS, equivalentes a más de 585 mil pesos por cada operación realizada.
Clausuras, demoliciones y arrestos administrativos
Más allá de las sanciones económicas, el Gobierno estatal dejó claro que existen facultades para aplicar medidas administrativas y legales adicionales.
Entre ellas destacan:
- Clausura de obras.
- Demolición de construcciones irregulares.
- Arrestos administrativos de hasta 36 horas.
- Procedimientos legales contra responsables.
La advertencia refleja una estrategia de mayor control territorial y urbano por parte del estado, en un contexto donde la expansión inmobiliaria acelerada comienza a generar presión sobre servicios, planeación y desarrollo sustentable en diversas regiones.
Seguridad jurídica, clave para el desarrollo de Coahuila
El mensaje también tiene una lectura económica y de confianza institucional. En una entidad que busca consolidarse como polo industrial y receptor de inversiones nacionales y extranjeras, la certeza jurídica y el orden urbano se han convertido en factores estratégicos para mantener competitividad.
El crecimiento de Coahuila en sectores como manufactura, industria automotriz, logística y nearshoring ha incrementado el valor de la tierra y detonado nuevos desarrollos inmobiliarios, particularmente en zonas cercanas a corredores industriales y ciudades con alta expansión.
Bajo este escenario, el gobierno estatal busca evitar esquemas especulativos o desarrollos fuera de regulación que puedan afectar tanto a ciudadanos como al entorno de inversión.
La administración estatal reiteró finalmente su compromiso con la legalidad, el desarrollo urbano ordenado y la protección patrimonial de las familias, al tiempo que pidió a la ciudadanía acudir únicamente a canales oficiales y denunciar posibles irregularidades ante las autoridades competentes.
