Ciudad de México.
La imposición de aranceles del 25% sobre el acero y aluminio mexicanos por parte de Estados Unidos, anunciada por el presidente Donald Trump y con entrada en vigor prevista para el 12 de marzo, representa un golpe severo para la economía mexicana. A diferencia de medidas similares implementadas en 2018, esta nueva ola de aranceles afecta no solo a las materias primas, sino también a una gama más amplia de productos manufacturados, incluyendo autopartes, electrodomésticos y productos electrónicos.
Un impacto superior al de 2018
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que la afectación será más grave que la registrada hace seis años. En 2018, los aranceles se centraron exclusivamente en los capítulos 72 y 73 de la tarifa arancelaria estadounidense, relacionados con el hierro, acero y sus derivados. Sin embargo, en esta ocasión, la Proclamación 10895 amplía la cobertura a bienes manufacturados en los capítulos 83, 84, 85 y 87, lo que significa que los aranceles no solo impactarán la materia prima, sino también componentes críticos de la industria automotriz y manufacturera.
México exportó más de 22,000 millones de dólares en productos que ahora estarán sujetos a estos aranceles, de los cuales 6,700 millones corresponden a hierro y acero, y 776 millones a aluminio. Sin embargo, el verdadero impacto radica en los bienes que contienen estos materiales como insumo, alcanzando un valor superior a los 20,000 millones de dólares, lo que equivale al 4.7% del total de exportaciones mexicanas.
Sectores más afectados: Automotriz y Manufactura
El sector automotriz, que representó el 36% de las exportaciones totales de México en 2023, será uno de los más perjudicados. En particular, las fracciones arancelarias que incluyen partes y accesorios de vehículos —como sistemas de aire acondicionado, tapas de automóviles y componentes electrónicos— se verán encarecidas, afectando la competitividad de México en la región.
Once estados del país (Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) dependen fuertemente de la industria manufacturera y automotriz. En estas entidades, la aplicación de aranceles encarecerá la producción, impactará las cadenas de suministro y generará una pérdida de empleos en el sector.
¿Qué sigue para México?
La administración de Claudia Sheinbaum aún no ha delineado un plan claro de respuesta ante esta amenaza arancelaria. Mientras tanto, organismos como el IMCO sugieren tomar medidas inmediatas para mitigar el impacto, entre ellas:
- Fortalecer las relaciones con Canadá, alineando estrategias conjuntas en el marco del T-MEC.
- Movilizar aliados en EE.UU., incluyendo legisladores, empresarios y cámaras industriales, para presionar por una exención arancelaria.
- Desarrollar una política industrial sólida, incentivando la producción local de insumos y reduciendo la dependencia de mercados externos.
- Evaluar represalias comerciales, diseñando una lista de aranceles estratégicos que minimicen el impacto en consumidores y empresas mexicanas.
La incertidumbre persiste. Si bien los aranceles están programados para el 12 de marzo, existe la posibilidad de más negociaciones en las próximas semanas. Sin embargo, el daño ya está hecho: el clima de inversión en México se ha deteriorado y las empresas enfrentan un escenario de costos elevados y menor competitividad.
El reto para los empresarios es enorme, pero no imposible de superar. México ha sorteado crisis comerciales en el pasado y, con una estrategia adecuada, puede volver a posicionarse como un socio clave en Norteamérica. La pregunta es: ¿el gobierno federal está preparado para enfrentar esta batalla?
