Ciudad de México.
En un esfuerzo por gestionar las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump, el Gobierno de México ha adoptado un papel de intermediario en Latinoamérica, dialogando con países de la región para que reciban directamente a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, evitando que México asuma esa responsabilidad de manera exclusiva.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el canciller Juan Ramón de la Fuente está liderando conversaciones con gobiernos de Centroamérica y otras naciones latinoamericanas para establecer acuerdos que permitan una distribución directa de los migrantes deportados. “Siempre vamos a estar cerca de América Latina”, afirmó la mandataria, aunque advirtió que la prioridad será atender a los deportados mexicanos.
El dilema de la intermediación
La estrategia parece responder a las advertencias de Trump, quien reiteró su intención de implementar deportaciones masivas desde su primer día en el poder. Sin embargo, esto coloca a México en una posición compleja: actuar como un «puente logístico» para canalizar a los migrantes a sus países de origen es una tarea titánica que podría desbordar los recursos y capacidades del gobierno mexicano.
México ha insistido en que las repatriaciones deben realizarse directamente a los países de origen, evitando que los deportados sean enviados a territorio mexicano. Sin embargo, la realidad de los acuerdos bilaterales en curso plantea una posible concesión en la que México asumiría la logística inicial de las deportaciones.
Un peso económico y humanitario
La amenaza de Trump afecta no solo las relaciones diplomáticas, sino también el tejido económico y social de México. Con cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos siendo mexicanos, las deportaciones masivas podrían impactar directamente en las remesas, que representan casi el 4 % del PIB nacional. Este año se estima que las remesas alcancen un récord de 65.000 millones de dólares, una cifra que podría disminuir si se materializan las expulsiones.
Además, el incremento del tránsito migratorio en México añade una presión significativa. Entre enero y agosto de este año, el país detectó más de 925.000 migrantes irregulares, un aumento interanual del 132 %. Esta crisis humanitaria exacerba los desafíos logísticos y de recursos, especialmente si México debe actuar como un intermediario regional.
¿Una solución viable o una carga desproporcionada?
La estrategia de la cancillería y la presidencia busca evitar que México se convierta en un «tercer país seguro» de facto, una etiqueta rechazada repetidamente por el gobierno mexicano. Sin embargo, la tarea de coordinar deportaciones con múltiples países y garantizar un trato humanitario para los migrantes parece una misión casi imposible.
La postura de Sheinbaum, que prioriza a los deportados mexicanos, plantea preguntas sobre la capacidad del gobierno para manejar simultáneamente las demandas de Estados Unidos y las de América Latina. Mientras tanto, Trump parece consolidar su plan migratorio bajo la premisa de que México debe asumir el rol principal en contener y redistribuir el flujo migratorio.
Una carga compartida
Aunque la colaboración regional podría aliviar parcialmente el peso sobre México, las negociaciones con Centroamérica y el Caribe plantean retos políticos y logísticos. Las naciones receptoras necesitarán garantías económicas y diplomáticas para aceptar deportados, un costo que recaerá inevitablemente en el gobierno mexicano.
En este escenario, México se enfrenta a una paradoja: ser el puente necesario para gestionar la crisis migratoria, pero cargar con el peso de una estrategia unilateral diseñada en Washington. La pregunta clave sigue siendo si esta intermediación beneficiará a México o si simplemente reforzará su papel como amortiguador en la compleja relación migratoria con Estados Unidos.
