Estado de derecho en México: rezago institucional presiona la confianza empresarial

México cayó al lugar 125 de 143 países en el índice del WJP; la debilidad judicial, la corrupción y la inseguridad elevan riesgos para invertir.

Ciudad de México.

El Estado de derecho en México enfrenta un deterioro que trasciende el ámbito político y representa un factor de riesgo para la actividad económica. El Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP) ubicó al país en el lugar 125 de 143 naciones evaluadas, con una disminución de 2.7% en su puntuación general. Además, México se situó en la posición 28 de 32 países de América Latina y el Caribe, y en el lugar 43 de 44 economías de ingreso medio-alto.

El resultado refleja desafíos en la capacidad institucional para limitar el ejercicio del poder, combatir la corrupción, garantizar la seguridad y ofrecer mecanismos eficaces de justicia. Para el sector privado, estas condiciones importan porque la inversión de largo plazo depende no solamente de incentivos fiscales, infraestructura o disponibilidad de trabajadores, sino también de reglas estables y autoridades capaces de aplicarlas.

Justicia y corrupción: los principales focos de vulnerabilidad

Las posiciones de México por componente muestran la dimensión del desafío. En ausencia de corrupción ocupa el lugar 135 mundial; en justicia civil, el 135; en justicia penal, el 139; y en orden y seguridad, el 132. También registra el puesto 118 en cumplimiento regulatorio y el 109 en límites al poder gubernamental.

En contraste, su mejor posición corresponde a gobierno abierto, con el lugar 57, mientras que en derechos fundamentales se ubica en el 96.

Estas cifras revelan que el problema institucional tiene varias dimensiones. Una empresa puede cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas, pero enfrentar incertidumbre si los contratos no se ejecutan oportunamente, los conflictos comerciales se prolongan o los mecanismos de denuncia no ofrecen resultados efectivos.

De acuerdo con el WJP, la injerencia indebida del poder ejecutivo constituye un factor relevante en el deterioro de la justicia civil y penal a escala internacional. Asimismo, los límites al poder gubernamental ejercidos por los poderes judiciales retrocedieron en 63% de los países evaluados, incluido México.

El costo económico de la incertidumbre institucional

Desde una perspectiva empresarial, un Estado de derecho funcional reduce los riesgos asociados con la operación y protege los derechos de propiedad, la competencia y el cumplimiento de los acuerdos comerciales.

Por el contrario, cuando existen deficiencias en la procuración de justicia, corrupción o aplicación discrecional de las normas, las compañías pueden enfrentar mayores costos legales, administrativos y de seguridad. Además, la incertidumbre regulatoria dificulta calcular riesgos, proyectar flujos de efectivo y comprometer capital en proyectos de largo plazo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que la debilidad del Estado de derecho, la corrupción, la incertidumbre regulatoria y los elevados niveles de criminalidad pueden limitar la inversión y el dinamismo económico de México. También destaca que fortalecer la justicia y la ejecución de contratos contribuiría a la confianza de los inversionistas.

Avances parciales y desafíos estructurales

El diagnóstico del WJP no es completamente negativo. México mejoró 5.7% en igualdad de trato y ausencia de discriminación, 2.7% en la garantía efectiva de derechos laborales fundamentales y 3.5% en procedimientos administrativos sin demoras injustificadas.

Asimismo, el acceso y la asequibilidad de la justicia civil mejoraron en el país, de acuerdo con el informe. Estos avances muestran que existen áreas donde pueden registrarse mejoras, aunque todavía no modifican el rezago general.

Por otra parte, el organismo identificó retrocesos en libertad de opinión y expresión, libertad de reunión y asociación y participación cívica. Estos elementos también importan para la actividad económica, debido a que la transparencia, la supervisión pública y la libertad de información contribuyen a identificar riesgos y exigir rendición de cuentas.

Prospectiva: certidumbre jurídica como condición para crecer

Para México, el desafío consiste en transformar el marco jurídico en instituciones que garanticen su aplicación efectiva. Esto requiere fortalecer la independencia judicial, profesionalizar las fiscalías, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y asegurar que las regulaciones se apliquen con criterios transparentes y consistentes.

En el entorno de competencia por capital productivo, el país necesita demostrar que puede ofrecer algo más que ventajas geográficas y comerciales. La integración con América del Norte y las oportunidades de relocalización industrial pueden generar inversiones, pero su permanencia también depende de la confianza en las instituciones.

El Estado de derecho, por tanto, no es solamente un indicador político: es parte de la infraestructura económica de una nación. La capacidad de México para fortalecerlo será determinante para reducir riesgos operativos, proteger inversiones y construir condiciones de crecimiento sostenido.