Coahuila refuerza blindaje de Torreón con inversión en seguridad y patrullas

Con 40 patrullas, 300 armas y 250 mil cartuchos, Torreón fortalece su capacidad policial y consolida la seguridad como activo para invertir.

Torreón, Coahuila.

El blindaje de seguridad en Coahuila entró en una nueva fase con el fortalecimiento de la Policía Municipal de Torreón, mediante una inversión de 70 millones de pesos destinada a incorporar 40 patrullas RAM 1500 modelo 2026, 300 armas nuevas y 250 mil cartuchos.

La entrega, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, eleva de 250 a 290 unidades el parque vehicular de la Policía Municipal, un crecimiento de 16% que busca ampliar la presencia preventiva, vigilancia y capacidad de respuesta.

El refuerzo ocurre en un momento en que seguridad, estabilidad y certidumbre se han convertido en factores relevantes para la competitividad regional. Para La Laguna, mantener condiciones de seguridad no sólo implica proteger a las familias: también significa generar un entorno más predecible para empresas, trabajadores, logística e inversión.

Coordinación institucional y participación empresarial

El modelo de seguridad que se impulsa en Coahuila tiene como uno de sus componentes centrales la coordinación entre Estado, municipios, fuerzas federales, sociedad civil e iniciativa privada.

En Torreón participan, entre otras instituciones, el Gobierno estatal y municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Policía Municipal y el Mando Especial de La Laguna.

A esta estructura se suma la participación ciudadana y empresarial mediante acciones de prevención, denuncia y colaboración con las autoridades.

Durante el acto, el alcalde destacó que la seguridad constituye un punto de partida para la inversión, el empleo y el desarrollo, mientras reconoció el liderazgo de Manolo Jiménez en la estrategia estatal.

Coahuila convierte seguridad en ventaja competitiva

Los resultados recientes permiten dimensionar el alcance de esta política. Con base en la ENVIPE 2026, Coahuila registra una percepción de seguridad de 71.5%, frente a 24.7% como referencia nacional señalada por el Gobierno estatal.

El indicador representa un avance respecto de 2021, cuando se ubicaba en 43.3%. En términos prácticos, alrededor de siete de cada diez habitantes manifiestan sentirse seguros en la entidad.

La ENSU, por su parte, coloca a Piedras Negras, Saltillo y Torreón dentro del grupo de las cinco ciudades con mejor percepción de seguridad, de acuerdo con los resultados estatales difundidos.

Para un estado industrial y exportador como Coahuila, esta condición adquiere una dimensión económica. La seguridad puede contribuir a disminuir riesgos operativos, proteger activos, facilitar la movilidad laboral y fortalecer la confianza de empresas que evalúan nuevas inversiones.

Más inversión hacia 2027

El Gobierno de Coahuila también anticipó que durante 2027 se canalizarán miles de millones de pesos adicionales a seguridad, con recursos para patrullas, infraestructura, tecnología, equipamiento y mejores condiciones salariales para los elementos policiales.

Entre los objetivos planteados se encuentra que los policías recién egresados de la academia puedan alcanzar ingresos de 18 mil pesos libres.

La estrategia, sin embargo, plantea un reto permanente: convertir la inversión en seguridad en instituciones profesionales, capacidad de prevención, inteligencia y resultados sostenibles.

La seguridad como activo empresarial

El caso de Torreón muestra una tendencia más amplia en Coahuila: la seguridad está siendo incorporada como parte de la ecuación de competitividad.

Para los empresarios, la ubicación, infraestructura, talento y costos operativos son factores tradicionales para decidir dónde invertir. Cada vez adquiere mayor peso otro elemento: qué tan seguro y predecible es operar en una región.

Coahuila busca posicionarse precisamente en esa intersección: seguridad, competitividad, inversión y empleo. El desafío será mantener la coordinación institucional y la inversión en capacidades policiales para que los resultados actuales no sean coyunturales, sino parte de una ventaja estructural para el estado.