Ciudad de México.
El reciente recorte presupuestario planteado en la Cámara de Diputados para el Poder Judicial de la Federación (PJF) no solo pone en peligro los derechos laborales de miles de trabajadores, sino que también genera un retroceso histórico en la impartición de justicia en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han alertado sobre las graves consecuencias que este ajuste, de 13,831 millones de pesos menos que lo solicitado, podría desencadenar.
Los Alcances del Recorte
- Impacto en plazas laborales y operaciones: El 80% de los recursos solicitados corresponde al capítulo 1000, destinado a sueldos y prestaciones. El recorte obligará a reducir plazas, lo que afectará la estructura operativa del Poder Judicial.
- Cierre de juzgados y tribunales: La CJF advierte que se podrían cerrar Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, reduciendo drásticamente la capacidad del sistema judicial para atender los casos pendientes.
- Implementación de reformas en riesgo: Reformas constitucionales recientes —en materia laboral, penal, civil y familiar— y la creación de órganos clave como el Tribunal de Disciplina Judicial podrían quedar truncadas por falta de recursos.
Justicia en Retroceso
La reforma judicial aprobada hace unos meses, que buscaba fortalecer la transparencia, la disciplina y el acceso a la justicia, enfrenta ahora una paradoja. Sin los recursos necesarios, los principios que se buscaban garantizar serán irrelevantes. Los grupos de poder, incluidos el narcotráfico, el tráfico de influencias y grandes capitales extranjeros, podrían capitalizar esta debilidad estructural para sesgar sentencias a su favor.
El acceso a la justicia se volverá más lento, costoso y desigual. Aquellos con más recursos podrán superar los obstáculos administrativos derivados de los recortes, mientras que el ciudadano común, con limitaciones económicas, quedará rezagado en la espera de resoluciones judiciales.
Implicaciones para la Sociedad
Aunque los efectos de esta crisis aún no son palpables para la mayoría de los mexicanos, pronto se sentirán en los derechos básicos de la ciudadanía:
- Juicios más largos: Menos tribunales implican mayores cargas de trabajo, prolongando los tiempos para obtener resoluciones.
- Percepción de una justicia elitista: El camino para resolver conflictos podría privilegiar a quienes puedan costear abogados influyentes o tengan conexiones políticas.
- Inseguridad jurídica: Una justicia más débil aumenta la incertidumbre para empresarios e inversionistas, impactando el desarrollo económico.
Llamado a la Reflexión
En palabras de la SCJN y la CJF, este recorte no solo contradice las promesas de respeto a los derechos laborales del Poder Judicial hechas en el reciente decreto de reforma, sino que también pone en jaque a la democracia mexicana, cuyo equilibrio depende de una justicia robusta y autónoma.
México está en una encrucijada. Una ciudadanía empoderada debe exigir un presupuesto adecuado para un sistema judicial que garantice sus derechos, evitando que la justicia se convierta en un privilegio para unos pocos.
