Ciudad de México.
El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha anunciado un plan de acción conjunto entre México y Estados Unidos para asegurar el suministro de minerales críticos, insumos esenciales para las industrias clave de ambas naciones. Este acuerdo, desarrollado en el marco de la revisión del T-MEC, busca crear un «nuevo paradigma» para el comercio preferencial de estos recursos, respaldado por precios mínimos y otras medidas para garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro.
Si bien el discurso oficial subraya la cooperación binacional y el respeto a la soberanía, el momento y el contexto de este anuncio invitan a un análisis más profundo. La pregunta que surge en los círculos empresariales y geopolíticos es si esta iniciativa responde a una visión estratégica de largo plazo o si, en gran medida, es una reacción a las crecientes presiones de Washington, particularmente en un entorno donde la figura de Donald Trump y su agenda proteccionista vuelven a cobrar protagonismo.
«Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente», explicó el secretario Ebrard, añadiendo que «todo el trabajo de cooperación se realizará en el marco de nuestra soberanía y con respeto a nuestra Constitución».
La insistencia en la «soberanía» parece un intento de matizar una realidad ineludible: en el complejo tablero de la geopolítica, las naciones, incluso las más poderosas, a menudo deben ceder ante las presiones de sus socios estratégicos. La vulnerabilidad de las cadenas de suministro de minerales críticos, expuestas a «distorsiones» y «coerción económica» por parte de actores con políticas no orientadas al mercado, es una preocupación central para Estados Unidos. En este contexto, el plan de acción con México puede interpretarse como un movimiento defensivo de Washington para asegurar sus flancos y garantizar el acceso a recursos vitales para su seguridad económica y nacional.
El plan de acción, que se implementará en los próximos 60 días, contempla el análisis de políticas comerciales coordinadas, como precios mínimos ajustados en frontera, y la consulta sobre un posible acuerdo plurilateral. También se identificarán y priorizarán proyectos de minería, procesamiento y manufactura de interés mutuo, con un enfoque en estándares de conducta empresarial responsable y cooperación en cartografía geológica.
Para los líderes empresariales e inversionistas, este acuerdo presenta tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, la alineación con Estados Unidos puede facilitar el financiamiento y el apoyo a proyectos en el sector de minerales críticos. Por otro, la dependencia de una agenda dictada en gran medida por las necesidades de seguridad nacional de nuestro vecino del norte podría limitar la flexibilidad estratégica de México y su capacidad para diversificar sus alianzas comerciales.
En última instancia, el éxito de este plan no se medirá solo por su capacidad para asegurar el suministro de minerales, sino por la habilidad de México para navegar las presiones externas, defender sus intereses soberanos y transformar esta cooperación en un verdadero motor de desarrollo industrial y tecnológico. La línea entre una alianza estratégica y una cesión ante la presión es delgada, y el gobierno mexicano deberá demostrar una gran destreza diplomática y una visión clara para asegurar que este acuerdo beneficie genuinamente a la economía nacional a largo plazo.
