El Plan Michoacán: Un Salvavidas Tarde y Limitado que Expone la Deuda de Seguridad del Gobierno Federal

La estrategia de 57 mil millones de pesos llega solo después del asesinato del alcalde de Uruapan, dejando en el abandono a otras regiones de México que también claman por justicia y paz.

Ciudad de México.

La presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de más de 57 mil millones de pesos (mdp), es un ejercicio de política pública que llega con un ineludible y amargo sabor a tardanza. El anuncio, realizado tras el «terrible asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo», confirma la crítica de que el gobierno federal está más enfocado en reaccionar a las crisis que en prevenirlas.

Para los lideres de negocios este plan, aunque ambicioso en su enfoque integral, es una admisión tácita de fracaso en la prevención y una deuda de seguridad con el resto de los estados y regiones de México que viven diariamente la inseguridad, la falta de justicia y la paz.

La Crítica Estratégica: ¿Tapar el Pozo Después que cae el Niño?

El plan, que incluye 12 ejes y más de 100 acciones, se enfoca en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la inteligencia. Sin embargo, la crítica de la oposición y de los analistas empresariales se centra en dos puntos clave:

1.-Llegada Tarde: El plan se anuncia tras el asesinato de un alcalde que, el pasado 19 de septiembre, lanzó un «enérgico llamado» al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para intervenir de forma urgente ante la creciente violencia. El plan llega a «tapar el pozo luego de que se cayó el niño», demostrando que la prevención fue sustituida por la reacción política.

2.-Enfoque Limitado: La inversión de 57 mil mdp y el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional se concentran en un solo estado, Michoacán. Esto expone la deuda de seguridad de la administración de Sheinbaum con las múltiples regiones de México que sufren niveles de violencia similares o peores, y que no han recibido un plan de esta magnitud.

«Este gobierno está más enfocado haciéndose la víctima y defendiendo de los disque ataques de la derecha y la comentocracia en vez de atender los llamados de emergencia y urgencia de los alcaldes y la población en general», señala la crítica en el entorno político.

La Deuda de Seguridad de Sheinbaum con el Sector Productivo

Para el sector productivo, la inseguridad no es solo un tema social, sino un costo operativo que afecta la inversión, la logística y la competitividad.

Implicación EstratégicaImpacto en Empresarios e Inversionistas
Costo de la TardanzaLa inacción previa al plan se traduce en la pérdida de vidas y en un aumento del riesgo para la inversión en Michoacán, especialmente en sectores clave como el aguacate y las berries, donde el Gabinete de Seguridad ahora promete reunirse con productores.
Riesgo de DesplazamientoLa concentración de recursos y fuerza pública en Michoacán podría generar un «efecto cucaracha» en estados vecinos, desplazando la actividad criminal y aumentando el riesgo en otras zonas industriales y agrícolas.
Falta de Visión NacionalEl plan no aborda la necesidad de una estrategia de seguridad integral y homologada para todo el país, lo que mantiene la incertidumbre para los inversionistas que operan en múltiples estados.
Seguridad como DerechoLa Presidenta afirma que la seguridad es fruto de la justicia y el bienestar, pero el sector empresarial exige que la seguridad sea un derecho garantizado por la fuerza del Estado, no una consecuencia tardía de programas sociales.

El Plan Michoacán, con su enfoque en becas, salud, vivienda y empleo digno, es un esfuerzo encomiable para atender las causas estructurales. Sin embargo, la urgencia del sector productivo es la de un Estado que garantice el Estado de Derecho y la seguridad física de sus activos y personal.

La Presidenta Sheinbaum ha asumido una deuda de seguridad con el pueblo de México. El plan para Michoacán es un primer pago, pero la exigencia del sector empresarial es que esta estrategia se replique con la misma urgencia y magnitud en todos los estados que, a diario, ven comprometida su capacidad de producir, invertir y generar empleo por la falta de paz y justicia. El tiempo de la reacción ha terminado; el sector productivo exige la era de la prevención estratégica y la acción nacional.