Ciudad de México.
México vive una de las emergencias más severas de los últimos años. Las lluvias torrenciales que azotaron el país entre el 6 y el 9 de octubre dejaron un saldo de 47 personas fallecidas, 38 desaparecidas y más de 150 municipios afectados, principalmente en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Miles de familias permanecen sin vivienda, incomunicadas o refugiadas en albergues temporales.
En Veracruz, epicentro de la tragedia, se contabilizan 70 municipios dañados, 29 mil viviendas afectadas y 81 comunidades incomunicadas. En Puebla, 38 municipios registran severos daños, con más de 16 mil hogares siniestrados. En total, más de 2 mil 800 personas permanecen en refugios, mientras la infraestructura carretera y eléctrica enfrenta interrupciones críticas.
El Gobierno Federal ha informado que las Fuerzas Armadas implementaron los planes DN-III-E y Marina para auxiliar a la población y restablecer servicios básicos. Sin embargo, especialistas y empresarios del sector asegurador y de infraestructura advierten que la respuesta del gobierno ha sido reactiva, no preventiva, en un país donde desde 2021 ya no existe el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), mecanismo que durante más de dos décadas permitió una atención inmediata y transparente a este tipo de emergencias.
Un país sin Fonden: el costo de la improvisación
Hasta julio de 2021, México contaba con el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1996 para canalizar recursos de emergencia a los estados y municipios ante catástrofes naturales. Su desaparición, bajo el argumento de eliminar intermediarios y “combatir la corrupción”, dejó al país sin una estructura presupuestaria clara para la reconstrucción y apoyo a damnificados.
Hoy, el acceso a recursos depende de procesos administrativos más lentos, de la intervención directa de la Secretaría de Gobernación y de la aprobación del Congreso, lo que retrasa la llegada del apoyo en momentos críticos.
Efectos en cadena: economía, infraestructura y productividad
Las lluvias también han afectado zonas industriales, cadenas logísticas y rutas agrícolas, principalmente en Veracruz y Puebla, donde empresas de alimentos, energía y transporte reportan pérdidas millonarias. Los cortes carreteros y la falta de energía eléctrica impactan el flujo de mercancías en una región clave para el comercio con el Golfo de México.
Empresarios del norte y centro del país han advertido que la ausencia de un mecanismo financiero preaprobado como el Fonden expone no solo a las familias, sino también a la infraestructura estratégica y a la economía productiva de México.
El gobierno promete apoyo… pero el país espera resultados
La presidenta de la República anunció este domingo una gira por Puebla, Veracruz e Hidalgo, mientras el Comité Nacional de Emergencias trabaja en la coordinación interinstitucional.
“No vamos a dejar a nadie desamparado”, aseguró en redes sociales.
No obstante, el desafío logístico y presupuestario es mayúsculo. Los daños estructurales, la pérdida de viviendas y la saturación de suelos implican semanas, incluso meses, de recuperación.
En tanto, los empresarios, inversionistas y gobiernos locales hacen un llamado urgente a replantear una política nacional de gestión de riesgos moderna, eficiente y con certidumbre presupuestaria, que sustituya realmente al desaparecido Fonden.
México enfrenta una doble tragedia: la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de su sistema institucional ante los desastres. En medio de la emergencia, la reconstrucción no solo requerirá maquinaria y recursos, sino visión y gobernanza.
