Ciudad de México.
En un movimiento que resuena con fuerza en los círculos empresariales y de inversión de América Latina, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), una de las cámaras industriales más influyentes de la región, ha emitido un contundente posicionamiento en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Esta postura, respaldada por sus 35,000 afiliados, 76 delegaciones y 104 ramas industriales, incluyendo la delegación Torreón, liderada por el Ing. Pablo García Chacón, se une a la voz de su presidenta nacional, María de Lourdes Medina, en un llamado urgente al partido oficialista.
La reforma, que ya superó el filtro del Senado y ahora espera su discusión en la Cámara de Diputados, es percibida por el sector industrial como una amenaza directa a la seguridad jurídica, un pilar fundamental para la atracción de inversiones y la estabilidad económica. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, observan con atención el desarrollo de este debate, conscientes de que las decisiones legislativas actuales moldearán el clima de negocios en México.
La Preocupación de CANACINTRA: Un Análisis Estratégico
CANACINTRA ha desglosado los puntos críticos de la reforma que, desde una perspectiva empresarial, podrían tener consecuencias devastadoras para la industria y el empleo. Si bien el gobierno argumenta que busca agilizar procesos y sancionar dilaciones, la cámara advierte sobre un posible debilitamiento de las garantías constitucionales.
| Aspecto de la Reforma | Impacto Estratégico para el Sector Industrial |
| Redefinición del Interés Legítimo | Limita la defensa de derechos colectivos, dificultando que cámaras empresariales protejan normas de interés común (ej. ambiental, competencia). Esto reduce la capacidad de acción del sector frente a decisiones que afecten a múltiples empresas o industrias. |
| Limitación de Suspensiones Provisionales | Excluye la suspensión inmediata en casos clave como bloqueos de cuentas, deuda pública, sistema financiero y telecomunicaciones. Esto genera un riesgo regulatorio severo, exponiendo a las empresas a pérdidas inmediatas de concesiones o autorizaciones, incluso si posteriormente se les da la razón. Desincentiva la inversión al aumentar la incertidumbre. |
| Restricciones a la Ampliación de Demanda y Amparo Fiscal | Elimina la posibilidad de ampliar la demanda y limita el amparo contra procedimientos fiscales de ejecución y prescripción de créditos firmes. Las empresas tendrán menos vías para defenderse de decisiones tributarias que puedan afectar seriamente su liquidez y continuidad operativa, bajo un esquema de «paga primero, litiga después». |
| Imposibilidad de Cumplimiento de Sentencias | Permite a las autoridades eximirse de responsabilidad penal si alegan imposibilidad jurídica o material para acatar una sentencia. Debilita la efectividad de los amparos ganados, ya que las resoluciones favorables podrían no traducirse en una reparación efectiva. |
| Exclusión de Suspensiones en Sectores Estratégicos | Telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica quedan sin posibilidad de suspensión. Las industrias en estos sectores quedan vulnerables a actos administrativos, incluso ilegales, sin una defensa inmediata. |
Un Llamado a la Cordura y la Certeza Jurídica
El Ing. Pablo García Chacón, presidente de CANACINTRA delegación Torreón, ha manifestado su total respaldo al posicionamiento de la sede nacional, enfatizando la unidad del sector industrial en este tema crucial. «El sector empresarial e industrial alza la voz para hacer un llamado al partido oficialista de México a que tomen en cuenta el sentir de la sociedad civil y del sector empresarial», declaró.
La preocupación central radica en que la limitación del interés legítimo y de las suspensiones provisionales puede erosionar la certeza jurídica, afectar la competitividad de las cadenas productivas y, en última instancia, poner en riesgo empleos e inversiones. Este mensaje es particularmente relevante en un contexto donde México busca consolidarse como un destino atractivo para la Inversión Extranjera Directa, especialmente con fenómenos como el nearshoring.
CANACINTRA ha exhortado al Congreso de la Unión a no aprobar disposiciones regresivas y ha solicitado foros de Parlamento Abierto incluyentes, donde participen juristas, constitucionalistas y representantes empresariales. La cámara reitera su disposición al diálogo constructivo, convencida de que una reforma legítima debe fortalecer la justicia sin sacrificar las garantías constitucionales que permiten a México crecer y competir en el mundo.
La mirada de los inversionistas, tanto en México como en Estados Unidos, está puesta en el desenlace de esta reforma. La decisión final de los diputados será un termómetro clave sobre el compromiso del país con la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los contribuyentes y empresarios, elementos indispensables para el desarrollo económico sostenido.
