Ciudad de México
Una semana clave y de alto voltaje político inició en México: el Congreso de la Unión arrancó este 23 de junio un periodo extraordinario de sesiones en el que pretende aprobar al menos 22 reformas —y posiblemente hasta 27— en solo 10 días hábiles. Lo que desde Palacio Nacional se presenta como un ejercicio legislativo “eficiente”, ha sido calificado por múltiples voces políticas como un atentado a la democracia, una imposición autoritaria disfrazada de tecnocracia legislativa y —desde la óptica empresarial— una bomba de tiempo para la estabilidad económica e institucional del país.
Y es que el enorme paquete legislativo incluye reformas al INE, el Poder Judicial, la Guardia Nacional, la Ley de Telecomunicaciones, impuestos, seguridad, y leyes de desaparición forzada, entre otras. Pero lo más alarmante no es la cantidad: es la velocidad, la opacidad y la falta de diálogo con la sociedad civil y el sector productivo.
“No hay técnica legislativa, no hay tiempo, no hay consensos. Hay un guion y hay una consigna: aprobar a toda costa”, denunció el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro.
📉 Peligro para la democracia, riesgo directo para la inversión
Desde la trinchera empresarial, la lectura es clara: las condiciones de confianza y certeza jurídica necesarias para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) y fortalecer la inversión nacional están siendo socavadas.
En palabras del senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, México está viviendo un retroceso alarmante: “Morena pretende destruir el sistema democrático con reformas impuestas, sin discusión, como lo hicieron los regímenes fascistas en el siglo XX”.
“Lo que no ganan en las urnas, lo están legislando con mayoría artificial. Y eso genera un solo mensaje hacia los mercados y hacia el mundo: México va en camino a una dictadura de facto, disfrazada de reformas democráticas.”
Los actores políticos opositores —PRI, PAN y MC— coinciden: lo que se está aprobando es una arquitectura legal para controlar instituciones, censurar disidencias, militarizar la vida pública y, de paso, tener acceso sin límites a información privada y biométrica de los ciudadanos, sin controles judiciales ni garantías constitucionales.
⚠️ Golpe silencioso al sector productivo
Lo más grave para el sector empresarial es que ninguna de estas reformas está pensada para mejorar la competitividad, productividad o condiciones operativas del sector privado, que genera más del 80% del empleo formal en el país.
Por el contrario:
- La militarización de la seguridad impacta la operación de industrias en zonas estratégicas, alejando el nearshoring.
- La reforma al INE erosiona la institucionalidad democrática, pilar clave en la evaluación de riesgo-país.
- La ley de telecomunicaciones abre la puerta a vigilancia masiva, afectando la privacidad empresarial y el secreto industrial.
- La reforma judicial debilita al único contrapeso institucional que quedaba, ahuyentando litigantes internacionales.
- La agenda energética, fiscal y arancelaria sigue ignorada, mientras los empresarios enfrentan cierres de frontera, aranceles al acero y aluminio, y falta de incentivos reales a la inversión.
📉 “Leyes microondas”, caldo de cultivo del caos económico
El senador Ricardo Anaya lo resumió con crudeza: “Estas leyes no se discuten, no se leen, no se entienden. Se aprueban en automático. Son leyes microondas, peligrosas, mal cocinadas, pero listas para consumir poder”.
🔍 Empresario, es momento de estar alerta
La clase empresarial debe tomar con absoluta seriedad las advertencias que hoy hacen los legisladores opositores: se está construyendo un entramado legal sin contrapesos, que debilita la institucionalidad democrática y genera un entorno tóxico para hacer negocios en México.
- ¿Quién invertirá en un país donde el Poder Judicial ya no es independiente?
- ¿Quién contratará personal si las leyes laborales cambian sin consenso?
- ¿Quién innovará si se criminaliza el uso de datos?
- ¿Quién exportará si los tratados internacionales se ignoran?
🧭 El principio del Caos
La oposición ya lo dijo claro: esto no es una discusión parlamentaria, es la instalación de un régimen de control total. Y como lo mostró la elección judicial y el estancamiento del nearshoring, la economía no es inmune al deterioro institucional. Cada reforma sin diálogo es un clavo más en el ataúd de la confianza. Lo que se apruebe al vapor en el Congreso puede ser el freno del crecimiento del mañana. No es populismo legislativo, es el principio del caos.
