Ciudad de México.
A pocos días de la elección judicial extraordinaria convocada para el próximo domingo 1 de junio, el consenso entre juristas, analistas, empresarios y organismos internacionales es claro: la jornada representa más un retroceso que un avance en el fortalecimiento del sistema democrático mexicano. Lejos de garantizar la justicia, se percibe como un mecanismo de control político que socava el Estado de Derecho, elemento clave para la inversión y el desarrollo económico.
El escenario empresarial no es alentador. Cámaras, organismos patronales y consejeros de inversión han expresado su preocupación por la inestabilidad jurídica que esta elección puede provocar. La incertidumbre sobre la independencia judicial se traduce en una sola palabra para el capital: riesgo.
“El sistema de justicia debe ofrecer certeza. Hoy, lo que se percibe es un sistema que podría ser cooptado por intereses partidistas. Sin reglas claras, no hay inversión sostenible”, advirtió un consejero de una firma multinacional en México.
Una democracia debilitada, una inversión en pausa
La reforma judicial, que eliminó la carrera judicial como medio de ascenso y sustituyó jueces de carrera por candidatos electos por voto popular, ha generado una renuncia masiva de jueces y magistrados. Más de 200 jueces federales han declinado participar en el proceso, argumentando que el mecanismo electoral vulnera la imparcialidad y autonomía que debe tener el Poder Judicial.
Los magistrados han solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la protección de sus derechos laborales, luego de haber sido separados de sus cargos, e incluso impedidos de ejercer la profesión por dos años.
Por su parte, organismos internacionales y observadores electorales han expresado su preocupación por la falta de garantías democráticas en esta elección, en la que será imposible para el electorado analizar los perfiles de todos los candidatos a ministros, magistrados y jueces. Votar sin conocer es no votar en libertad.
Acordeones, acarreo y nula participación
La denuncia por el uso masivo de “acordeones” —listas impresas con los nombres y números de candidatos para inducir el voto— así como la movilización de estructuras partidistas, han encendido las alarmas en el Congreso. El diputado Rubén Moreira ha exigido una investigación a la FISEL, y el INE ya abrió indagatorias por posible coacción del voto y uso indebido de recursos públicos.
Se prevé una abstención histórica, no por apatía, sino por desconfianza. Como han señalado analistas y líderes de opinión, el voto informado no es posible en estas condiciones. No hay forma técnica ni razonable de evaluar a cientos de candidatos desconocidos. La falta de información es, en sí misma, una forma de manipulación.
Ebrard minimiza, pero los datos lo contradicen
Mientras tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha intentado tranquilizar al sector empresarial asegurando que la inversión no se ha detenido por la reforma judicial, sino por la incertidumbre derivada de las políticas comerciales de Estados Unidos. Sin embargo, múltiples actores del sector privado discrepan.
Expertos señalan que la pausa en las decisiones de inversión extranjera obedece tanto a los aranceles de Trump como a la incertidumbre jurídica interna, producto de reformas como la judicial.
“Ningún inversionista se compromete en un país donde no sabe si su contrato será respetado, donde el sistema judicial puede ser controlado por intereses políticos”, afirmó un líder de cámaras empresariales en el norte del país.
¿Hacia dónde va México?
El “Plan México”, el programa “Hecho en México”, la promoción internacional, los tratados de libre comercio: todo se tambalea si el país pierde el piso institucional que garantiza la certidumbre legal. La inversión no llegará solo por tener bajos costos laborales o proximidad geográfica. Se necesita confianza en las reglas, en los jueces, en el respeto a los contratos.
La elección judicial del domingo no fortalece la democracia. La erosiona. Las cámaras empresariales han sido claras: el estado de derecho es la primera garantía para el crecimiento económico. Si cae, cae también la credibilidad de México como destino seguro para hacer negocios.
México está ante una encrucijada. El próximo 1 de junio no solo se eligen jueces. Se define si seguiremos siendo un país con instituciones o uno donde la ley la dicta el poder de turno. La elección es legal, pero su legitimidad está en entredicho. Para el sector productivo, el mensaje es claro: sin justicia independiente, no hay futuro económico posible.
