Ciudad de México
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada en comisiones del Senado en menos de 24 horas, contiene disposiciones que podrían derrumbar pilares fundamentales de la democracia mexicana: la libertad de expresión, el derecho a la información y la neutralidad de la red.
Aunque en apariencia la iniciativa promueve el desarrollo del ecosistema digital, en el fondo instala un mecanismo de censura velada y discrecional, particularmente a través del artículo 109, que faculta a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a bloquear plataformas digitales completas por presuntos «incumplimientos», sin que exista la obligación de una orden judicial.
El artículo 109: puerta legal al autoritarismo digital
El texto del artículo 109 es claro y alarmante:
«Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables.»
Este artículo, al dejar la decisión en manos de una «autoridad competente» no definida, viola directamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por los estándares internacionales sobre libertad de expresión, como los establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución mexicana en sus artículos 6º y 7º.
Censura preventiva disfrazada de regulación
El proyecto argumenta que no habrá censura previa, pero otorga a la Secretaría de Gobernación la capacidad de ordenar suspensiones de forma precautoria, sin procedimiento judicial. Además, permite que la Agencia cree lineamientos discrecionales para el bloqueo de plataformas, sin que estos estén claramente definidos en la ley, como lo exige el principio de reserva legal.
Esto significa que si un ciudadano, medio de comunicación o incluso una empresa emite mensajes que incomoden al gobierno, las plataformas podrían ser obligadas a bajar sus cuentas o contenidos. El precedente es profundamente peligroso, sobre todo en un país donde las redes sociales son el único contrapeso para muchas voces.
El silencio como política de Estado
Durante la discusión legislativa, senadores de oposición —como Ricardo Anaya, Claudia Anaya y Carolina Viggiano— alertaron que de los 283 artículos del documento, solo tres aluden a restricciones a mensajes extranjeros, pero la estructura general de la ley permite limitar cualquier tipo de mensaje nacional, especialmente en redes como X, Facebook, YouTube o TikTok.
“No leyeron nada, solo quieren prohibirlo todo”, ironizó el senador Anaya.
En voz baja, incluso legisladores oficialistas reconocen que esta iniciativa responde a un malestar creciente del Ejecutivo por la crítica. En democracia, con el cargo llegan las críticas —unas justificadas, otras no—, pero ninguna justifica el intento de acallar la voz ciudadana.
Implicaciones empresariales y geopolíticas
El riesgo va más allá de lo político. La ley, tal como está redactada, viola el T-MEC, particularmente el artículo 18.17, que exige que la autoridad reguladora en telecomunicaciones sea independiente, sin intereses financieros ni control administrativo de ningún proveedor.
Esto podría abrir la puerta a reclamos internacionales e incluso sanciones comerciales si se considera que México atenta contra el entorno competitivo y de libre expresión digital.
¿Dónde quedó la cabeza fría?
La presidenta Sheinbaum ha insistido en que su gobierno será democrático. Pero esta ley sugiere lo contrario. Censurar no es gobernar, bloquear no es dialogar. En lugar de consolidar instituciones, se pretende controlar narrativas. Y eso, en cualquier democracia madura, es inaceptable.
En perspectiva
Esta iniciativa no es un avance tecnológico ni una modernización jurídica. Es un retroceso autoritario con implicaciones profundas para la libertad empresarial, la transparencia gubernamental y el derecho ciudadano a expresarse. Si México aspira a ser una economía digital competitiva, debe blindar la red, no someterla.
La pregunta de fondo es contundente:
¿Queremos un México donde el gobierno pueda apagar una red social solo porque no le gusta lo que se dice en ella?
La respuesta debe ser no. En democracia, el disenso se respeta, no se cancela.
