El proyecto fue aprobado con 22 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención, tras la consideración de 330 reservas. Ahora, se ha enviado a la Mesa Directiva para continuar con el proceso legislativo.
La oposición expresó su preocupación, señalando que esta reforma podría significar «la muerte de la justicia imparcial en México».
Durante el debate, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, destacó que, aunque se realizaron numerosos foros y diálogos con expertos y ciudadanos antes de la aprobación, consideró que estos solo sirvieron como una «simulación».
«Los más de 100 cambios al dictamen no alteran el carácter nocivo de la propuesta, que amenaza con destruir la independencia judicial mediante la elección popular de ministros, magistrados y jueces», advirtió Téllez Hernández.
Por su parte, el líder priista Rubén Moreira sugirió que la reforma debería centrarse en reducir la saturación de juzgados locales, aumentar el personal en los juzgados federales, mejorar los salarios y fortalecer el Ministerio Público y los centros periciales. Sin embargo, denunció que la reforma actual «abre la puerta a la intervención de poderes fácticos, como el capital y el crimen organizado».
La diputada panista Margarita Zavala calificó la reforma como un «acto de venganza» de Morena, advirtiendo que provocará despidos masivos e injustificados.
En contraste, el diputado de Morena, Hamlet García, desmintió que no se haya escuchado al Poder Judicial, a la sociedad o a los expertos. Afirmó que los derechos laborales serán respetados en todo momento.
Gerardo Fernández Noroña, del PT, arremetió contra la oposición, llamándola «apátrida» y «traidora a los intereses del pueblo», por su supuesto respaldo a intereses extranjeros y a figuras como Ken Salazar.
En el último momento, los legisladores de Morena, PT y PVEM incorporaron la figura de los «jueces sin rostro» para proteger a los jueces de amenazas del crimen organizado. La propuesta, impulsada por el diputado Salvador Caro y la diputada Lidia García, establece que en casos de delincuencia organizada, se tomarán medidas para garantizar la seguridad e identidad de los jueces.
La reforma propone modificar el artículo 95 constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular en dos procesos, uno en junio de 2025 y otro en 2027.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resulten electos ocuparán su cargo por períodos de entre ocho y 11 años, con la expectativa de que el pleno se reduzca de 11 a nueve miembros. Además, se eliminarán las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los fideicomisos del Poder Judicial, cuyos fondos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La reforma también establece un límite salarial para que nadie en el Poder Judicial gane más que el presidente de México y sustituye al Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.
Finalmente, los ministros que no se postulen o no sean electos para continuar en sus cargos podrán recibir un haber de retiro, siempre y cuando renuncien antes del 31 de agosto de 2025.
